Bienestar social

Concepto

Se entiende por bienestar social el conjunto de factores que permiten mejorar las condiciones materiales de vida de la población, así como incrementar su calidad de vida. En la actualidad, la mayor parte de las actividades y actuaciones del sector público están dirigidas precisamente a garantizar un nivel y calidad de vida suficiente a todos los ciudadanos dentro del denominado Estado del bienestar, o también denominado Estado del bienestar social.

De igual modo, podemos referirnos a las políticas de bienestar social como a las medidas desarrolladas por las Administraciones Públicas con el objetivo de proveer y producir bienes y servicios sociales para mejorar las condiciones materiales de vida de los individuos, así como para aumentar su calidad de vida. Por ejemplo, es el caso de los servicios de sanidad, seguridad social, educación, vivienda, protección social y promoción social, urbanismo, ordenación del territorio, ocio, cultura y protección del medio ambiente, entre otros. La cobertura de las políticas de bienestar social no está totalmente limitada, ni es homogénea entre todos los países, sino que va ampliándose conforme los respectivos países van superando determinadas cotas de desarrollo económico (por ejemplo, la protección del medio ambiente es una de las últimas incorporaciones a este tipo de políticas que, precisamente, pretende reducir los efectos adversos de una de las consecuencias del desarrollo económico: la contaminación). Además de las políticas de gasto anteriores, también pueden considerarse políticas de bienestar social aquellas que se dirigen a regular la provisión de bienes y servicios, las condiciones de trabajo y el sistema tributario de un país.

Los orígenes de este tipo de políticas en Europa se remontan a principios del siglo XX y se limitaban fundamentalmente a la protección de la enfermedad y la vejez. Tras la Segunda Guerra Mundial, la consolidación y expansión de las políticas de bienestar social se experimentó fundamentalmente en los países del norte y centro de Europa. Sin embargo, el arraigo de este tipo de medidas entre la población no se produjo hasta los años setenta, cuando fueron asumidas por los programas de la mayoría de los partidos políticos europeos.

Aunque en sus principios la constitución de la Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea) perseguía objetivos tan solo de carácter económico, se han ido incorporando en su agenda las actuaciones de política social, reforzando el desarrollo del Estado de bienestar social.

Las crisis económicas tanto de principios de los años ochenta como noventa han supuesto los primeros varapalos de estas políticas públicas. En efecto, en la primera de estas crisis se cuestionaron de un modo generalizado los tradicionales efectos positivos atribuidos a este tipo de políticas, y en la segunda se profundizó en esta desconfianza, proponiéndose un Estado de bienestar social mixto; es decir, no sólo con una participación del sector público, sino también del sector privado, la cual debería impulsarse con el tiempo.

En la actualidad, esta crítica al tradicional Estado de bienestar se ha acrecentando al cuestionarse su sostenibilidad debido fundamentalmente a factores tales como el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Por el contrario, existe otro sector de la doctrina que considera imprescindibles sus actuaciones para paliar los efectos nocivos de la actual crisis económica mundial.

Clasificación de las políticas de bienestar social

Con el objetivo de incrementar el bienestar social, los respectivos sectores públicos articulan un conjunto de medidas y políticas que se pueden clasificar en dos grupos: provisión de bienes preferentes y prestaciones económicas.

Provisión de bienes preferentes

Un primer conjunto de medidas son las dirigidas a facilitar el consumo de determinados bienes o servicios que el sector público considera que son fundamentales para el desarrollo de una vida digna, son los denominados bienes preferentes o sociales. Precisamente, por estos beneficios que genera sobre el bienestar, en algunos casos incluso el sector público obliga a todos los individuos a su consumo, como es el caso de la educación primaria (mediante la escolarización obligatoria) y la sanidad.

La condición de bien preferente o social (al igual que ocurre con otras categorías de bienes, por ejemplo, los bienes públicos) puede cambiar con el tiempo, pero existe un consenso generalizado a la hora de catalogar como tales a la educación, sanidad y vivienda. En el caso de España, además, esta delimitación se encuentra reforzada por la Constitución, ya que reconoce el derecho de todos los españoles a la educación, la protección de la salud y una vivienda digna en sus artículos 27.1, 43.1 y 47 CE, respectivamente.

Para facilitar su consumo, el sector público, en algunos casos, provee gratuitamente este tipo de bienes o servicios (por ejemplo, educación primaria y sanidad). En otros, el sector público reduce su precio en el mercado mediante una serie de medidas directas o indirectas. Entre estas destacan las siguientes:

• - En primer lugar, las ayudas o transferencias de renta que concede directamente a los consumidores que se encuentran en una situación socioeconómica más desfavorecida para que, por ejemplo, puedan adquirir una vivienda o puedan financiarse sus estudios universitarios.
• - En segundo lugar, también se conceden subvenciones a los productores públicos o privados de dichos bienes o servicios, para que rebajen el precio de venta en el mercado como, por ejemplo, las subvenciones al cine y el teatro para que se reduzca el precio de las entradas.
• - Y, en tercer lugar, otra medida indirecta se articula mediante minoraciones en los impuestos de los contribuyentes por los gastos que realice el individuo en dichos bienes y servicios preferentes.

Prestaciones económicas

Un segundo tipo de políticas consisten en entregar a los individuos menos favorecidos transferencias monetarias (o transferencias de renta) que les permitan alcanzar un nivel de vida digno, son las denominadas prestaciones económicas. Los programas públicos de prestaciones económicas de mayor impacto económico y social en cualquier país desarrollado son los siguientes: pensiones, prestaciones por desempleo y programas de incapacidad laboral.

• a) Pensiones: Son prestaciones económicas dirigidas a sustituir de forma total o parcial la capacidad de generar ingresos del trabajo que un individuo ha perdido. Se caracterizan, además, por ser de larga duración, e, incluso, en algunos casos, de duración ilimitada. Entre las de mayor importancia cabe citar las siguientes:
  • - Pensiones de jubilación: Son aquellas recibidas por los trabajadores cuando por su edad abandonan el mercado laboral. De todo el sistema público de pensiones, este tipo son las que representan el mayor volumen de recursos.
  • - Pensiones de invalidez: Son las concedidas a aquellos sujetos que han quedado incapacitados para el desempeño de su trabajo o profesión por una enfermedad, un accidente o cualquier otra causa no controlable por el individuo.
  • - Pensiones de viudedad, orfandad o a favor de familiares: Estas pensiones están destinadas a compensar la pérdida de renta familiar que se produce cuando fallece un cónyuge que aporta renta.
• b) Prestaciones por desempleo: Son aquellas prestaciones que se destinan a sustituir las rentas que dejan de recibir los trabajadores cuando son expulsados del mercado laboral. A diferencia de las pensiones, su duración es limitada, de modo que cuando el individuo se incorpora de nuevo a dicho mercado deja de recibirlas. Estas prestaciones por el seguro de desempleo se dividen en dos clases:
  • - Prestaciones contributivas: El importe y período de percepción de las mismas depende de que el trabajador cumpla con una serie de requisitos sobre el tiempo trabajado y las cotizaciones realizadas con anterioridad a la pérdida de su puesto de trabajo.
  • - Prestaciones asistenciales: Son percibidas por aquellos sujetos desempleados que tengan responsabilidades familiares tanto si han agotado el período de seguro de desempleo como si no han podido acceder a sus prestaciones por no cumplir los requisitos exigidos legalmente.
• c) Programas de incapacidad laboral: Consisten en las prestaciones que tienen como objetivo sustituir la pérdida de ingresos de aquellos individuos que de forma temporal están incapacitados para trabajar. Una vez concluido el período de percepción de las mismas, los beneficiarios se incorporan al mercado laboral o, por lo contrario, se les concede la incapacidad permanente. En este último caso, pasarían a ser receptores de una pensión de invalidez.

Según lo expuesto en párrafos anteriores, dentro de las prestaciones económicas podemos diferenciar un primer grupo, generalmente denominado programas de sustitución de rentas, que comprenden todas aquellas prestaciones destinadas a sustituir las rentas del trabajo que deja de percibir un sujeto por razones no imputables al mismo (vejez, desempleo, enfermedad, etc.) y que se caracterizan porque exigen haber realizado unos pagos previos al sector público (denominados cotizaciones sociales) para poder beneficiarse de las mismas. Además, la participación en estos programas es obligatoria para los empleadores y empleados. En esta parcela se encuentran las pensiones (exceptuando las no contributivas), el seguro de desempleo o las prestaciones por incapacidad temporal.

Un segundo grupo, está constituido por los programas dirigidos a la reducción de la pobreza. Los beneficiarios son individuos con escasos recursos o nulos y consisten en la entrega de una renta de subsistencia por parte del sector público que les permita salir de la pobreza. Dicha prestación será idéntica para todos los sujetos que se encuentren en las mismas circunstancias socioeconómicas. A diferencia de los programas anteriores de sustitución de rentas, no se exigen cotizaciones previas como requisito para su percepción. Este es el caso de las pensiones no contributivas, la ayuda familiar y los programas de lucha contra la pobreza.