Se trata de una de las clasificaciones del riesgo político. En concreto, se refiere a las implicaciones que las acciones de gobierno o los posibles cambios en la política de un país puedan tener sobre el grado de libertad del sistema económico privado y, en particular, sobre las operaciones de las empresas extranjeras en dicho país.
Entre los factores que inciden en el riesgo administrativo se encuentran la trayectoria política del gobierno, los procesos de integración económica, la calidad de los servicios públicos (energía, comunicaciones e infraestructuras), la inestabilidad social, etc.