Rating

Concepto

La calificación crediticia o rating es el establecimiento de la solvencia de una entidad para determinadas emisiones de deuda o acceso al crédito, e incluso una calificación global sobre la solvencia de una empresa pública o privada, de Organismos, Administraciones públicas y hasta Estados.

Lo que se pretende mediante la calificación es proporcionar un indicador de la probabilidad de pago en la fecha prevista, tanto del principal como de los intereses, por parte del emisor de deuda.

El rating no significa una recomendación para mantener o vender un título, puesto que no tiene nada que ver con la evolución del precio, que varía por otros factores como puede ser el tipo de interés; simplemente se está indicando la seguridad en el pago de la deuda. Como hemos señalado, son objeto de calificación tanto el emisor de deuda en cuanto a institución como la propia deuda emitida.

Calificaciones

Las calificaciones de ratingsuelen distinguirse mediante unas siglas de letras o de letras y números, diferenciándose según sean para deudas a corto o largo plazo, considerando como corto plazo, normalmente, las operaciones con vencimiento hasta un año, y a largo plazo las que exceden del año, si bien las calificaciones tienen una vigencia que para el largo plazo no suele superar los diez años, es decir, que el nivel de seguridad en la calificación otorgada se considera estable por ese plazo, salvo que por alguna causa exógena e impredecible se invalide la calificación, como pueden ser cambios en la regulación legal o en el marco económico-político que afecten a las actividades de la empresa analizada, la absorción por otra empresa, una catástrofe que supere cualquier cobertura de riesgo, etc.

En las calificaciones a largo plazo se evalúa la solidez y solvencia futuras del emisor en cuanto a hacer frente a sus obligaciones y la protección de la deuda en cuanto a sus garantías, basadas en las cláusulas del contrato de cada título relativas a su estatus de subordinada o no, seguros, cláusulas de pignoración negativas, etcétera. En las calificaciones a corto plazo lo que realmente se determina es la liquidez.

Esta calificación se realiza por empresas especializadas en el análisis de riesgos y por supuesto independientes, siendo las principales las multinacionales americanas Moody´s Investor Service y Standard and Poor´s Corporation y la Británica Fitch IBCA.

Son clientes de las empresas de rating, especialmente, los emisores de deuda y valores en general y las empresas e inversores institucionales, procediendo sus ingresos de los suscriptores de sus publicaciones y, por supuesto, de las entidades emisoras que abonan los derechos de calificación. Para los emisores, el pago de la tarifa es un gasto de inversión, ya que una buena calificación les permite reducir el tipo de interés al comportar un menor riesgo y, por otra parte, si el resultado no ha sido el esperado, puede prohibir su publicación.

Hay que tener presente que, generalmente, la máxima calificación que puede obtener una entidad emisora es la correspondiente al país de pertenencia, ya que los recursos que mantiene un Gobierno —derecho sobre las reservas exteriores necesarias para servir la deuda externa, derecho de emisión de moneda y derecho de recaudación impositiva— le convierten en el deudor más solvente. Sin embargo, existen dos excepciones: si una emisión se encuentra garantizada por una entidad extranjera con una mayor calificación, el límite del país puede dejar de existir; igualmente, si el domicilio oficial se ha elegido con propósitos fiscales y no se mantienen negocios o activos importantes en dicho país, el techo a la calificación tampoco resulta obligatorio.

El rating ha adquirido una importancia considerable en los últimos años como consecuencia de la globalización de los mercados a nivel mundial, la desintermediación y titulización de los créditos y el auge de los mercados internacionales; pero también a nivel doméstico o nacional el rating cobra importancia tanto para inversores institucionales como personales, dada la expansión y diversidad de los mercados financieros y el incremento de la especulación con la aparición de productos innovadores y un aumento de los emisores, cuya calificación de riesgo resulta bastante compleja.

En cualquier caso, la elaboración de ratings implica la obtención de un volumen muy apreciable de información económico-financiera sobre la sociedad y los proyectos de financiación, así como sobre cualquier aspecto de su entorno, que, de cualquier forma, pueda afectar a su solvencia. Naturalmente, cuanto mayor sea el plazo de la deuda a calificar mayor volumen de información habrá que analizar, contrastar y evaluar, y por eso resulta más fácil dar una calificación para una deuda a corto que a largo plazo, lo que influye también en la decisión de los emisores a la hora de solicitar un rating.

En el rating influyen especialmente el volumen de la emisión, el coeficiente de endeudamiento del emisor en relación con la media de su sector y tomado en consideración con su estructura de recursos propios y ajenos; el índice de volatilidad de sus ingresos ordinarios y la utilización de su capacidad productiva; su distancia al punto muerto; el resultado del apalancamiento económico y financiero, en el que debe distinguirse el índice de cobertura con los beneficios antes de intereses, de las cargas financieras por el pasivo a corto y largo plazo remunerado, etcétera.

Para las empresas emisoras de deuda así como para las emisiones públicas, el rating es actualmente un factor que influye en la posibilidad de colocar las emisiones y en el coste o servicio de la deuda, porque una buena calificación realizada por una de las grandes empresas independientes es apreciada por los inversores, e incluso los institucionales tienden cada vez más a disponer de esta forma de calificación de riesgo para tomar parte en una emisión. Pero esto no significa que todos los emisores soliciten un rating para poner en el mercado una emisión de deuda, ya sea a corto o a largo plazo. Todo depende de su nivel de solvencia y presencia en el mercado, así como del volumen de la operación. No obstante, cada vez parece más necesario contar con una calificación, especialmente cuando el nivel puede ser muy alto puesto que, como ya hemos dicho, ello va a redundar en facilidades de colocación y menores costes.

Pero en estas valoraciones de solvencia existe un riesgo, como es la evaluación de la independencia y solvencia técnica de las empresas especializadas que emiten un determinado rating y de sus equipos técnicos, porque si directa o indirectamente participan en el capital de las mismas o en los órganos de decisión los emisores o personas a las que alcanza la influencia de estos, su credibilidad disminuye. De hecho, el prestigio del rating a nivel global y, por supuesto, de una entidad de calificación determinada, descansa tanto en su nivel técnico como en su real y efectiva independencia en los juicios que emite.

Las calificaciones de solvencia proporcionan a los inversores una herramienta útil y sencilla de selección de su cartera de inversiones. La cada vez más compleja toma de decisiones de inversión apunta a una mayor implantación de los ratings en los países que aún no han generalizado su uso.

Hasta la fecha, la casi totalidad de los rating otorgados a emisores españoles lo han sido para deuda emitida en mercados exteriores. Son ratings correspondientes a algunas de las empresas o instituciones más sólidas. Los emisores españoles que quieren estar presentes en los mercados internacionales saben que no solo es una obligación contar con un rating adecuado que asegure tanto la colocación de la emisión como el menor coste de la deuda, sino que esto también les beneficia, pues está claro que dos emisiones con distinta calificación ofrecerán diferente rentabilidad al tener que pagar más aquella que cuente con peor calificación por el mayor riesgo que se asume con la misma. Sin embargo, su actuación difiere cuando se enfrentan al mercado doméstico.

Rating outlook

El progresivo crecimiento del mercado está ampliando el número y categoría de emisores y, junto a la aparición de nuevos productos, provoca un aumento de la complejidad en el inversor a la hora de decidir entre varias alternativas de riesgo.

Adicionalmente al rating común o simple se encuentra la perspectiva de la agencia calificadora o «rating outlook». En ocasiones, el rating atribuido a una empresa puede variar, en función de la evolución del negocio, de la empresa, del perfil de riesgo de la misma, ...

Para evitar repentinos cambios en valoraciones y en la percepción de riesgo asumida por el inversor, así como de aviso para la propia compañía calificada, surge la definición de outlook o perspectiva.

Existen tres tipos de outlook:

• — Positivo: Es posible que el rating atribuido a la empresa mejore en el corto plazo (upgrade).
• — Estable: El rating atribuido a la empresa no es previsible que varíe, debido a la propia estabilidad de la empresa (desde el punto de vista crediticio).
• — Negativo: Es probable que en el corto plazo la compañía calificada sufra un “downgrade”, y el rating empeore.

Las perspectivas siempre incluyen recomendaciones que, si se siguen, pueden evitar downgrades. También puede incluir condiciones sine qua non se produce el upgrade.