Prestación por desempleo

Concepto

En términos generales, se entiende por prestación por desempleo la renta que obtiene un trabajador cuando, a pesar de querer y poder trabajar, pierde su empleo o ve reducida su jornada ordinaria de trabajo. Es una forma de proteger a los trabajadores, pues su finalidad es proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir.

El desempleo podrá ser total o parcial. El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su salario; y será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, en al menos una tercera parte, siempre que el salario sea objeto de la misma reducción.

La existencia de un sistema de prestaciones por desempleo es un elemento esencial de la legislación social en la mayor parte de los países, y no es neutral sino que produce una serie de efectos micro y macroeconómicos. Por este motivo, dentro de la política de reforma de las instituciones del mercado de trabajo, se ha hecho especial hincapié en la necesidad de reformar las prestaciones y subsidios de desempleo vigente en algunas economías, y especialmente en el caso de las europeas. Esto es así porque, según los economistas que proponen estas reformas, una excesiva generosidad y duración de las prestaciones puede tener efectos negativos sobre el empleo, por lo que empeoran más que mejoran las posibilidades y condiciones de vida de aquellos afectados por el desempleo.

Las prestaciones por desempleo y sus efectos micro y macroeconómicos

En términos generales se pueden diferenciar dos tipos de prestaciones por desempleo, el seguro y el subsidio. El seguro de desempleo tiene como objetivo reducir lo más posible las dificultades económicas que trae consigo la situación de parado y permitir que las personas paradas no se vean obligadas a introducir cambios muy radicales en su vida cotidiana y puedan dedicar su tiempo y energía a buscar trabajo. El subsidio de desempleo o prestación asistencial va dirigido a aquellas personas que no pueden percibir prestaciones contributivas y tiene como objetivo evitar que caigan en la pobreza. En algunos países no es condición indispensable encontrarse en paro para cobrar el subsidio sino tan solo disponer de unos ingresos mínimos.

El objetivo, por tanto, de estas dos modalidades de prestaciones, es el de la equidad, pero también presentan otros objetivos desde el punto de vista de la eficiencia y la estabilidad. O lo que es lo mismo, las prestaciones por desempleo no tienen un efecto neutral en la economía sino que producen una serie de efectos micro y macroeconómicos a tener en cuenta.

Desde la vertiente macroeconómica los efectos más destacados son los siguientes. En primer lugar, las prestaciones pueden mejorar la estabilidad macroeconómica, dado que las prestaciones por desempleo son un tipo de estabilizador automático. Por esta vía las prestaciones por desempleo contribuyen a reducir el paro y mantener la demanda. No obstante, en segundo lugar, esta actuación puede verse limitada, e incluso actuar en sentido contrario, en un contexto de restricción fiscal, y ello por dos tipos posibles de razones. Para verlo, supongamos, por ejemplo, que tiene lugar una perturbación negativa de demanda que hace aumentar el desempleo, y con él el gasto en transferencias por parte del sector público. Teniendo en cuenta además el efecto negativo de la caída en la renta sobre los ingresos fiscales, el déficit público se estaría incrementando. Pero si existe un compromiso estricto de las autoridades por mantener constante el saldo presupuestario, estas responderán elevando los tipos impositivos o reduciendo otro tipo de gastos. En la primera de estas dos alternativas, los mayores impuestos elevarán probablemente los costes de las empresas —ya sea porque se eleven los impuestos de sociedades, ya sea porque se eleven los impuestos sobre la nómina y los trabajadores no tengan ilusión fiscal—. Y si este efecto es más acusado que la reducción de los salarios que probablemente ocurrirá con el aumento del paro, se producirá una caída en la tasa de beneficios —con el consiguiente efecto negativo sobre la acumulación, el crecimiento y el empleo— o un aumento de la inflación —con la probable aplicación de políticas restrictivas por parte de las autoridades—. Por último, la otra posibilidad es que se reduzcan otros gastos públicos, y esto eliminará el efecto expansivo inicial, aparte de que entre los programas que experimenten recortes pueden encontrarse precisamente aquellos que más efectos tienen sobre el empleo, como las políticas activas del mercado de trabajo.

Desde una vertiente macroeconómica, hay también razones relacionadas con la eficacia que justifican las prestaciones por desempleo en un contexto donde la información es imperfecta y las vacantes y trabajadores heterogéneos. En este caso, se trata de permitir a los trabajadores invertir el tiempo necesario para encontrar el puesto de trabajo que se adapta mejor, entre las vacantes existentes, a sus preferencias y características formativas, y evitar de esta forma que la falta de ingresos o el difícil acceso al crédito obligue a los trabajadores a aceptar prematuramente una oferta laboral inadecuada, con el consiguiente efecto negativo sobre la asignación de los recursos.

Sin embargo, las conclusiones desde esta perspectiva macroeconómica no son tan claras. Las investigaciones más recientes se centran en la denominada tasa o relación de reemplazo que se define como la relación entre la renta (neta de impuestos) percibida cuando se está desempleado respecto a la renta (neta de impuestos) que se percibe trabajando. Los efectos que se derivan influyen en los incentivos a la búsqueda de empleo y la estabilidad en el empleo.

Desde la vertiente microeconómica, y en cuanto a los incentivos a la búsqueda de empleo se ha observado que la existencia de generosas prestaciones por desempleo (en cuantía y/o duración), reduce el coste de estar desempleado, y por tanto hace que la persona desempleada tenga menos urgencia en encontrar un empleo. La evidencia muestra que cuanto mayor sea la tasa de reemplazo menor interés tendrá el parado en encontrar un nuevo empleo y mayor será su salario de reserva. Consecuentemente, el desempleo ejercerá una presión a la baja sobre los salarios más limitada, por lo que la capacidad de ajuste de la economía ante shocks que tienen un efecto negativo sobre el empleo se verá mermada, o incluso anulada por completo si el salario de reserva se sitúa por encima de la productividad marginal correspondiente al pleno empleo.

En cuanto a la estabilidad en el empleo, cuando existe un sistema de prestaciones por desempleo en una economía, los trabajadores y las empresas no están demasiado interesados en crear empleos muy estables. Esto es así porque el menor incentivo de los trabajadores a buscar activamente un empleo, sobre todo cuando la duración del subsidio es elevada, alargará el tiempo de estancia en la situación de desempleo, especialmente cuando el origen del mismo es un cambio estructural que obliga a los trabajadores a iniciar procesos costosos de readaptación o movilidad geográfica y sectorial. Pero esto puede provocar la activación de uno de los mecanismos de persistencia del paro más importantes, derivado de la pérdida de capital humano y de hábitos de trabajo asociada a situaciones de paro de larga duración. Cuando esto ocurre, los parados de larga duración pierden su empleabilidad y dejan de ejercer presión alguna a la baja sobre los salarios, con lo que la NAIRU acaba incrementándose. En este sentido la evidencia empírica muestra que los países con los sistemas más generosos de prestaciones, especialmente en lo que se refiere a su duración, son los que tienen una mayor proporción de desempleados de larga duración y viceversa.

Estos efectos negativos no implican que las prestaciones por desempleo deban desaparecer, dado que desde el punto de vista de la eficiencia económica son necesarias que existan para que la economía asigne a los individuos eficientemente entre los distintos empleos. Sin embargo, quizás se pudieran plantear reformas en el sistema de prestaciones sobre todo cuando las economías vean que con ello se mejoraría el funcionamiento del mercado de trabajo.

En conclusión, aunque la reducción de las prestaciones por desempleo puede ser una de las medidas de reforma a tener en cuenta, hay también otros aspectos muy importantes como: a) vincular la percepción de la prestación a una búsqueda efectiva de empleo y a la participación simultánea en programas de políticas activas del mercado de trabajo, especialmente de formación; b) controlar el rechazo de las ofertas de empleo; c) reducir su duración, acogiéndose al término de este período los trabajadores que aún continúen en paro (parados de larga duración) a algún programa de apoyo al empleo subvencionado con los fondos que hasta ese momento se estaban destinando a los subsidios; d) convertir desde el principio los subsidios de desempleo en subvenciones salariales a las empresas que contraten a los trabajadores parados, y e) someter a tributación las prestaciones por desempleo, entre otras.

Todas estas medidas van destinadas a mejorar la eficacia con que los parados buscan trabajo, además de ofrecer una ayuda activa por parte del Gobierno para la formación y la creación de puestos de trabajo.

Características de las prestaciones por desempleo en España

En general, los trabajadores que pueden acceder a las prestaciones por desempleo son todos aquellos que han trabajado por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o incluidos en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social que protegen esta contingencia de desempleo (trabajadores de minería del carbón, trabajadores fijos por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario, trabajadores del mar... etc.), los funcionarios de empleo y personal contratado para las Administraciones Públicas que estén incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como los funcionarios de empleo interinos de la Administración de Justicia. También los trabajadores de cooperativas de trabajo asociado incluidos en un Régimen de la Seguridad Social que proteja esta contingencia, los penados liberados de prisión, los trabajadores emigrantes que regresan a España y los militares, marineros profesionales, personal de las escalas de complemento y reserva naval de las Fuerzas Armadas.

Para que estos trabajadores puedan acceder a la prestación por desempleo es necesario que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo, que esté afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, que haya cubierto un período mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, o al momento en que cesó la obligación de cotizar, que no haya cumplido la edad para acceder a la jubilación o no tenga derecho a la misma por no haber cotizado el tiempo suficiente. Además el trabajador no debe estar incluido en alguna de las causas de incompatibilidad (trabajo por cuenta propia; con el trabajo por cuenta ajena, salvo cuando el trabajo se realice a tiempo parcial; con la obtención de pensión o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social).

La cuantía de la prestación contributiva por desempleo depende de las bases de cotización a la Seguridad Social durante los últimos 180 días trabajados y se determina aplicando a la base reguladora el 70 % durante los 180 primeros días y el 60 % a partir del 181 día. La cuantía de la prestación no puede superar el tope máximo ni el mínimo legalmente establecido, aunque estos topes se determinan en función de los hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados, a cargo del trabajador que cobre la prestación, siempre que estos carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores al Salario Mínimo Interprofesional (en 2009, 624 €/mes).

La cantidad mínima como prestación por desempleo que establece la ley es del 80 % o del 107 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). En 2009 las cuantías son 492,08 euros sin hijos a cargo y 658,16 euros con uno o más hijos.

La cuantía máxima de la prestación por desempleo también varía en función de los hijos de forma que si no tiene hijos a cargo, la cuantía será el 175 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) (en 2009, 1.076,44 €./mes). Con un hijo a cargo, la cuantía será del 200 % (1.230,22 €/mes), y si tiene dos o más hijos, del 225 % del IPREM (1.383,99 €/mes).

Las prestaciones de desempleo están sometidas a las retenciones del IRPF puesto que son consideradas como una renta sujeta a tributación según la legislación fiscal. El tipo de retención a cuenta se establece según el importe total que vaya a recibir en concepto de prestaciones de desempleo previsto para el año natural en curso, y en función de sus circunstancias personales y familiares para tener derecho a deducciones según la legislación fiscal vigente en cada momento. Además también se pueden descontar de la prestación una orden de embargo o la aportación a la Seguridad Social, ya que durante la prestación por desempleo el Servicio Público de Empleo Estatal ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la aportación empresarial y descontando de la cuantía de la prestación la aportación del trabajador.

Por último, el beneficiario de la prestación puede acogerse al pago único para montar una empresa, siempre que no haya hecho uso de este derecho en los cuatro años anteriores, tenga pendiente de recibir como prestación al menos tres mensualidades, y que acredite la incorporación como socio trabajador a una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, de nueva creación o en funcionamiento, de forma estable o la realización de una actividad como trabajador autónomo.