En determinadas circunstancias, el precio que surge de la interacción de la oferta y la demanda no puede ser aplicado por determinadas razones “políticas”. En este caso, el Gobierno necesita favorecer a determinados segmentos de la población o de la economía, y tiene que fijar un precio por debajo de los precios de mercado.
Los precios políticos suelen aplicarse a aquellos productos o servicios considerados como básicos para una Economía, como puede ser el precio del pan, de la leche o de otros bienes considerados como esenciales. También se fijan precios para la vivienda, tanto en la modalidad de alquiler como en la de propiedad (conocido como VPO —Vivienda de Protección Oficial—)