Política económica

Concepto

Se puede definir la política económica como aquella parte de la ciencia económica que se ocupa de estudiar, de forma sistemática, todos los problemas que se derivan de la intervención pública dirigida de forma deliberada a la consecución de unos fines económicos concretos. Y este análisis deberá llevarse a cabo utilizando correctamente las leyes del método científico y el rigor analítico necesario.

Esta concepción de la política económica permite extraer algunas características básicas que son las siguientes. En primer lugar, se construye sobre un esquema objetivos-instrumentos, que son las dos categorías básicas de la política económica, y por ello se dice que la política económica es la vertiente normativa de la economía o que tiene un enfoque teleológico (se encamina al logro de un fin), por contraposición a la vertiente positiva representada por la teoría económica. En segundo lugar, la política económica implica un deseo de transformación de la realidad económica, que se concreta en la selección de los fines que deben perseguirse a través de la actuación e intervención de los Gobiernos. Esta selección de los objetivos de la política económica, y, al menos en algunos casos, también la de los medios o instrumentos, implica la introducción de juicios de valor y valoraciones éticas, que nos lleva a plantear, ineludiblemente, la polémica sobre la neutralidad y objetividad del economista. En tercer lugar, la política económica es sobre todo una "praxis", y de hecho culmina con la toma de decisiones concretas por parte de la autoridad competente y la intervención directa en la economía.

La política económica como disciplina científica

La política económica presenta un contenido y un objeto de estudio específico respecto a otras disciplinas económicas, lo que le dota de cierta autonomía, aunque se sirve también de enfoques diversos, correspondientes a otras disciplinas. Así, por un lado, la política económica abarca precisamente los aspectos normativos de la ciencia económica, y se ocupa por tanto de la formulación, rigurosa y sistematizada, de proposiciones acerca de las acciones que deben seguirse para alcanzar el estado de cosas que se considera más adecuado a la luz de unos juicios de valor determinados. En este sentido, el fundamento de la política económica es básicamente teórico, dado que se forma a partir de las teorías económicas que alcanzan conclusiones normativas. Como señala Peston (1974), este contenido normativo de la política económica se puede entender en dos sentidos diferentes. En primer lugar, la política económica concluye con la elaboración de proposiciones que consisten en recomendaciones específicas sobre el curso que debe seguir la acción gubernamental, si se desean alcanzar unos fines establecidos. Pero también, y en segundo lugar, la política económica se pronuncia sobre la deseabilidad de esos mismos objetivos, proponiendo en muchas ocasiones los fines que deben tratar de alcanzar las autoridades.

Por otro lado, la política económica se basa también en teorías contrastadas, por lo que resulta indispensable en esta concepción de la disciplina el uso y conocimiento de los métodos y técnicas estadísticas y econométricas necesarias para el desarrollo del trabajo empírico.

Teniendo en cuenta estas dos percepciones del contenido de la política económica se puede señalar que el término política económica no es un concepto unívoco, sino que algunas veces hace referencia a aspectos prácticos mientras que otras se refiere a la teoría o a una disciplina de estudio. En el primer caso, la política económica se encargaría de la aplicación de determinadas medidas llevadas a cabo por las autoridades para la consecución de unos fines, mientras que en un sentido teórico, la política económica realizaría un análisis sobre los problemas básicos de elaboración de la política, los objetivos de la misma, los instrumentos y las relaciones de conflictos entre ambos, así como de los resultados comparados.

La política económica como acción deliberada se ha ido convirtiendo con el transcurso del tiempo en un entramado cada vez más complejo, tanto por la pluralidad de los objetivos que se persiguen —a menudo incompatibles— como por la diversidad de sus instrumentos. En este sentido es necesario destacar que la política económica como acción engloba aspectos de naturaleza muy diversa que deben ser tenidos en cuenta. En primer término, los de índole estrictamente económica: las acciones de política económica representan elecciones de unos medios alternativos, con unas repercusiones muy concretas en el proceso económico y la elección de unos u otros medios determina la influencia sobre los objetivos perseguidos. En segundo lugar hay que tener en cuenta los aspectos políticos: la política económica es una consecuencia de la evolución de la política general y la toma de decisiones es siempre llevada a cabo por la autoridad política. Y, por último, el profesor Cuadrado (1980) destaca el aspecto ético: todos los programas de gastos, inversiones, acción y regulación de las autoridades suponen unos determinados juicios de valor subyacentes en la elección de unos determinados objetivos y programas con las consiguientes implicaciones sobre los individuos.

Los enfoques teóricos de la política económica: una breve revisión

Dentro del estudio de las diversas posturas con las que nos encontramos en el ámbito de la política económica a continuación se analizan dos grandes enfoques: el enfoque teleológico que caracteriza a nuestra disciplina y el enfoque cuantitativo donde predomina el uso de los modelos de decisión y las reglas en la política económica.

El enfoque teleológico y la relación fines-medios de la política económica

Según Ferrater Mora (1979) el término teleología fue empleado "para designar la parte de la Filosofía Natural que explica los fines de las cosas, a diferencia de aquella otra parte de la misma que se ocupa de las causas de las cosas". En esta definición se evidencia la importancia de este enfoque en la rama de la Ciencia Económica que se consagra al estudio de la política económica, puesto que persigue fundamentalmente el análisis de los medios que conducen a un fin o fines determinados. En este sentido, la secuencia fines-medios (u objetivos- instrumentos) se sitúa en el eje central de la discusión acerca de la política económica, o incluso de la propia Economía.

En este sentido, Seraphim (1955) señala que en política económica no se parte de algo determinado, sino que se trata de lograr un fin, y no se investigan las causas en las que se basa lo determinado, sino los medios que deben utilizarse para obtener los fines propuestos. Además a diferencia de la teoría económica, que persigue la formulación de leyes de comportamiento entre los agentes económicos y su especificación para poderlas someter a un proceso de contrastación empírica, la política económica muestra su inconformidad con los hechos e intenta influir sobre ellos con un deseo de transformación, que se manifiesta a través de los fines que se intentan conseguir y en los medios que se utilizan para su logro.

Ahora bien, una vez planteada la distinción entre fines y medios, la cuestión que se plantea es hasta dónde debe ir la actuación del economista: ¿la elección de los objetivos, cargados de juicios de valor, debe corresponder al político, reservándose al economista el análisis científico, libre de juicios de valor, de los medios?. La opinión a este respecto no es unánime, sino que por el contrario ha originado grandes controversias, donde la separación entre los fines y los medios ha sido ampliamente tratada, al igual que la legitimidad de los juicios de valor en economía. Sin entrar de nuevo en el debate sobre la cuestión metodológica de la separación entre lo positivo y lo normativo en el ámbito de la ciencia económica, únicamente señalar que en el terreno metodológico de la política económica cada vez se adopta con mayor generalidad la posición de no aceptar tajantemente la separación fines-medios dado que no existen unos fines económicos últimos e inamovibles, además de que estos y los medios están mutuamente interrelacionados, por lo que ni unos ni otros están exentos de la influencia de los juicios de valor.

Esta inevitable carga subjetiva de las teorías elaboradas por cada investigador no excluye, sin embargo, la construcción de un conocimiento científico honesto y, sobre todo, objetivo y comprometido con la verdad. En realidad, esto último depende más bien de que, una vez construidas las teorías, sean sometidas a la crítica interpersonal en el seno de la comunidad científica, y sus predicciones evaluadas a través de la contrastación empírica para detectar los posibles errores cometidos.

En este sentido, los profesores Fernández Díaz, Parejo Gámir y Rodríguez Sáiz (1995) también participan de esta opinión, como ponen de manifiesto cuando afirman que "aceptado, pues, el carácter ideológico de la economía, surge de un modo casi evidente un interrogante al que se han dado diversas respuestas: ¿supone la presencia de la ideología en la formulación de las leyes económicas una pérdida de rigor científico en el análisis? No, y definitivamente no, si las proposiciones han sido elaboradas con rigor y si la introducción de las valoraciones no es subrepticia, sino explícita y aceptada. (...) Actuemos con toda limpieza, con toda claridad, intentando aplicar sistemáticamente el método empírico".

Sin embargo, esto no excluye la existencia de posturas diferentes respecto a: (i) la legitimidad de los economistas para opinar sobre los fines de la política económica, y (ii) sobre la posibilidad de seleccionar de forma completamente objetiva y neutral los medios más adecuados para alcanzarlos. En concreto, es habitual distinguir tres puntos de vista respecto a esta cuestión, que se denominan neutralista, monista o economía del bienestar y escéptico o pluralista (Jané, 1974).

En primer lugar, para los economistas que adoptan una postura que se podría definir como neutralista —por ejemplo, M. Friedman o L. Robbins— la actuación de los economistas en política económica debe mantenerse en el terreno más estrictamente técnico. Según ellos, en la esfera política se determinarían los fines y la labor del economista quedaría relegada a señalar únicamente los medios necesarios para alcanzarlos. Por tanto, es perfectamente posible construir, en primer lugar, una teoría económica positiva totalmente objetiva y desconectada de cualquier juicio de valor.

La segunda postura se sintetiza en lo que Hutchinson denomina enfoque monista. En un intento de superar la controversia entre conocimiento positivo y conocimiento normativo los autores representativos de este enfoque, que son los economistas que trabajan en la llamada economía del bienestar (Pigou, Pareto, Kaldor, Hicks y Bergson) han tratado de resumir todos los juicios de valor relacionados con la política económica en uno solo, que pudiese ser aceptado de una forma general. Se trataría, en suma, de definir un único objetivo supremo, el bienestar —de ahí su denominación de monista— y ver cómo se ve afectado ese bienestar por cada una de las medidas de política económica, a través de un proceso de pura deducción matemática.

Las dificultades de la separación fines-medios y las críticas realizadas, dieron lugar a un enfoque más matizado que se ha manifestado en lo que Hutchinson (1971) ha denominado aproximación pluralista. Algunos autores de esta postura, entre los que destacan Myrdal, Watson, Seraphim o Kirschen, contrariamente a lo manifestado por Friedman y Robbins, consideran que no es posible construir una ciencia económica totalmente objetiva y ajena a juicios de valor, incluso en su vertiente positiva. En este enfoque la dicotomía fines-medios se intenta superar a través de un proceso de ordenación en el que unos y otros aparecen vinculados y además ligados a juicios de valor no estrictamente económicos.

La línea más moderna de pensamiento se manifiesta de acuerdo con esta aproximación "pluralista", rechazando tanto la posición pretendidamente neutralista de separación de fines medios como la postura monista, representada por la economía del bienestar.

Esta aproximación pluralista ofrece la importante ventaja de servir como esquema donde tiene cabida cualquier posible clasificación de fines-medios (objetivos-instrumentos) y aportar un marco metodológico que facilita, desde un punto de vista didáctico, la explicación de las principales cuestiones en torno a la política económica.

El profesor Jané Solá (1974) ha propuesto un esquema conceptual general al que él denomina estructura policotómica de la política económica, que también ofrece una representación global válida para cualquier clasificación posible fines-medios (objetivos-instrumentos). Con esta clasificación pretende mostrar de una forma esquemática las relaciones que se establecen entre los distintos tipos de objetivos, así como la interdependencia de todas las políticas económicas aplicadas en un momento determinado (Figura 1).

Con este fin, Jané parte de la jerarquización de los objetivos que se persiguen en un momento determinado, distinguiendo dos tipos, los fines de ordenación y los fines de proceso. Los primeros (libertad, igualdad, justicia) tienen un carácter general, y son los que se plantean el orden económico —sus reglas de funcionamiento— o la estructura institucional, y por lo tanto tienen un componente valorativo elevado y son de carácter más bien cualitativo. Por el contrario, los segundos (pleno empleo, estabilidad de precios, equilibrio externo, crecimiento) se refieren al funcionamiento correcto de un determinado orden económico, aceptando la existencia del mismo, lo que hace que sean objetivos más fácilmente cuantificables. Estos fines son en realidad los objetivos básicos de la política económica, aunque su obtención constituye alcanzar los objetivos situados en la parte superior de la pirámide.

Una vez definidos los distintos tipos de objetivos, se pueden establecer también las políticas económicas que se aplican para cada una de estas categorías. Así, tendremos en primer lugar las políticas de ordenación, que son aquellas actuaciones "encaminadas a establecer y mantener el orden económico", o constitución económica de la sociedad —por ejemplo, las políticas de defensa de la competencia, o la regulación de los derechos de propiedad—.

Para alcanzar este segundo tipo de objetivos más concretos, los denominados de proceso, se aplican las políticas finalistas, que son las que tratan de alcanzar los objetivos más estrictamente económicos, y que en cierto sentido se hallan subordinados a los fines de ordenación. Entre las políticas finalistas se incluirían, por ejemplo, la política de empleo, la política de balanza de pagos o la política de crecimiento.

Ahora bien, cada una de estas políticas finalistas se compone, a su vez, de distintas políticas específicas, que son todas aquellas medidas concretas en las que podemos descomponer cada política finalista. Por ejemplo, no existe realmente una política de balanza de pagos o de empleo, sino que estas son la suma de los efectos sobre la balanza de pagos o sobre el nivel de empleo de todas las políticas específicas que se están aplicando.

Las políticas específicas pueden ser de dos tipos: políticas instrumentales y políticas sectoriales. Las primeras extienden sus efectos sobre todos los sectores de la economía, sin concentrarse en ninguno en particular. Por ejemplo, una reducción del tipo de interés que resulte de una política monetaria expansiva influirá en alguna medida en la industria, la agricultura o el turismo. Las políticas sectoriales, por el contrario, se concentran en objetivos circunscritos a un solo sector. Es decir, utilizan todas las políticas instrumentales para obtener un resultado sectorial. Por ejemplo, para estimular el crecimiento del sector turístico puede utilizarse la devaluación de la moneda o la rebaja del tipo impositivo del impuesto de sociedades a las empresas hosteleras.

El enfoque cuantitativo: el empleo de modelos de decisión y de reglas en la política económica

La teoría normativa de la política económica se plantea cómo deben actuar las autoridades de política económica, y sobre todo la forma en que deben escogerse las medidas para alcanzar los objetivos que se consideran óptimos desde el punto de vista del bienestar colectivo. Este enfoque se relaciona muy estrechamente con la Teoría Económica keynesiana, en virtud de la cual las actuaciones discrecionales de los Gobiernos para alcanzar un óptimo de bienestar social constituían el elemento central de la política económica. En este contexto, el economista debe encontrar la solución técnica más adecuada en las asignaciones objetivos-instrumentos para su posterior aplicación por parte de la autoridad competente. A continuación se analiza, por un lado, el enfoque tradicional de los modelos de decisión y las críticas sufridas en los últimos años.

La formulación de una política económica óptima requiere, en primer lugar, que las autoridades concreten las metas u objetivos de la política económica (generalmente a través de una función de bienestar), en segundo lugar, que las autoridades especifiquen los instrumentos de política económica de que disponen para alcanzar los objetivos, y, en tercer lugar, las autoridades deben disponer de un modelo cuantitativo de la economía que relacione los objetivos con los instrumentos (modelo de decisión) de manera que se pueda escoger el valor óptimo de los instrumentos de política económica. De esta concepción tradicional de la teoría de la política económica se desprenden dos aspectos muy trascendentes: primero, la relación entre los objetivos e instrumentos de política económica y la búsqueda de un fin en política económica (enfoque teleológico del que nos hemos ocupado en el apartado anterior), y, segundo, la pretensión de utilizar modelos macroeconómicos en la toma de decisiones de política económica, que determina el enfoque cuantitativo de la política económica o la "política económica cuantitativa".

En este sentido, en el enfoque cuantitativo el uso de modelos macroeconómicos se convierte en el elemento clave para la adopción de las decisiones de la política económica, dado que la formulación de la política económica se interpreta, consecuentemente, como el resultado de la previa resolución de ejercicios de optimización por parte de las autoridades económicas. Para ello, y desde las contribuciones de Jan Tinbergen (1952) y Ragnar Frisch (1956) a la teoría de la política económica, se recurre al concepto de modelo de política económica para expresar formalmente la lógica de la política económica, que para el economista queda reducido a un problema de optimización condicionada.

Para entender el concepto de modelo de decisión o de política económica se ha de partir, primero, del concepto de modelo económico, que se define como aquel instrumento propio de la economía, "que representa un sistema compuesto por un conjunto de conceptos y relaciones; estas últimas quedan especificadas por su estimación; proporciona resultados que son a menudo previsiones y que pueden ser comparados con la realidad". En este aspecto de la previsión de los modelos tendrían cabida los aspectos normativos que lo convierten en un instrumento imprescindible de la política económica racional, dado que el modelo es explicativo de la realidad y, por tanto, útil para describir o para predecir, pero cara a la acción que es propia de la política económica, debe ser también útil para la decisión. Así se manifestaba Jan Tinbergen al señalar que "en la construcción de modelos, los econometristas se vieron obligados con frecuencia a complementar las teorías "literarias", porque estas a menudo no especificaban todas las relaciones que estaban empleando en forma implícita. Los modelos han sido construidos para varios propósitos distintos; ante todo, para explicar los desarrollos reales y luego para encontrar formas de influencia sobre el desarrollo real en alguna dirección deseada. Otro aspecto es la determinación de si el objetivo de la explicación o de las políticas son los movimientos a corto plazo o a largo plazo".

Por tanto, la política económica parte de un modelo teórico descriptivo que no puede ser cualquier modelo positivo sino que para que sea útil para la política económica ha de cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, un modelo de política económica debe ser relevante y realista, en el sentido de que resulta imprescindible en política económica que el modelo: a) utilice supuestos realistas sobre las actuaciones de los agentes económicos y las autoridades, las causas que motivan este comportamiento, y los argumentos básicos de su función de utilidad; b) el modelo debe ser diseñado para un entorno concreto, que considere de forma explícita las condiciones institucionales, históricas, políticas, sociales y tecnológicas del país o región en el que se van a aplicar las medidas de política económica que se están analizando; y c) el modelo debe incorporar las circunstancias que condicionan en mayor grado la eficacia de las medidas de política económica, como los retardos y la incertidumbre. En segundo lugar, el modelo ha de ser dinámico y tener una perspectiva de medio plazo, dado que: a) las decisiones de política económica influyen en otras variables de forma duradera y persistente; b) hay que valorar la trayectoria dinámica de las variables objetivo durante todo el proceso; y c) la eficacia de las decisiones de política económica depende en gran medida de los efectos que provoca sobre el comportamiento del sector privado, que depende a su vez del comportamiento pasado, presente y de las previsiones futuras de las autoridades. En tercer lugar, el modelo de política económica ha de ser también global, ya que debe incluir todos los objetivos e instrumentos de la política económica.

La forma normal de proceder en política económica consiste en pasar del modelo descriptivo, construido sobre la base de la teoría económica, al modelo de decisión, en el que se especifica la función de preferencia (objetivos e instrumentos), es decir, que se trata de convertir un modelo teórico en un modelo de decisión mediante la transformación de variables explicativas en variables de acción (instrumentos) y de variables explicadas en objetivos de política económica. A lo largo de la historia económica ha habido diversas contribuciones en este campo de la teoría de la política económica.

La primera y más amplia fase de desarrollo de la teoría tradicional de la política económica comenzó con la aportación de Tinbergen (1952, 1956) del marco conceptual de la política económica cuantitativa y la formulación de lo que hoy se conoce como regla de Tinbergen de controlabilidad estática de un modelo de política económica. Según Tinbergen, la teoría económica convencional acepta los valores de las variables instrumentales como datos y analiza sus efectos económicos, mientras que la teoría de la política económica (por lo menos en un modelo de objetivos fijos) acepta que los valores deseados de las variables objetivo son datos y calcula el conjunto de los valores instrumentales que se requieren para alcanzar el objetivo fijado previamente por la autoridad competente. Aunque en esta formulación no se hacen explícitas las funciones de preferencia del político ni de la sociedad, estas pueden encontrarse implícitas en los valores que se fijen para las variables objetivo.

Así pues, el paso de un modelo de teoría económica a un modelo de decisión (propio de la teoría de la política económica), supone la transformación de las variables exógenas en incógnitas, que son las variables de acción o instrumentos, en tanto que algunas de las variables endógenas del modelo teórico pasan a convertirse en objetivos, tomadas como datos en el problema de la política económica, al tiempo que se desecha el impacto sobre las variables irrelevantes. De esta manera, Tinbergen plantea su "condición de consistencia de política económica", conocida como regla de Tinbergen, según la cual el número de variables objetivo y de variables instrumento independientes ha de ser el mismo.

La aportación de Tinbergen fue completada por otros autores entre los que cabe destacar Henry Theil (1954, 1956, 1958, 1964) que pretendió completar la aportación de Tinbergen mejorando la formulación de la función de bienestar y desarrollando el enfoque de los objetivos flexibles, como método alternativo al de la especificación a priori de los valores de los objetivos de política económica; las de Simon (1956) y Theil (1957) en cuanto a la introducción en un modelo de decisión de la incertidumbre, y la de Brainard (1967) relativa a las implicaciones en términos de una política de diversificación de instrumentos de los modelos de política económica con incertidumbre multiplicativa. El objetivo común perseguido por las contribuciones de esta etapa era la superación de las principales limitaciones del enfoque de los objetivos fijos de Tinbergen, es decir, las relativas a la ausencia en el análisis de un criterio de elección de las autoridades, la falta de incertidumbre en el problema de optimización de la autoridad económica y la carencia de un entorno dinámico en el que formular los problemas de política económica. No obstante, para el avance efectivo en la última de estas tres áreas de investigación habría que esperar, sin embargo, hasta la década de los 70, cuando se analiza la política económica en un contexto más dinámico para apoyar el diseño y la evaluación de las políticas macroeconómicas óptimas, que coincide en el tiempo con las primeras contribuciones de la macroeconomía del equilibrio y que sirve de modelo de referencia para la crítica que Lucas que dirige a la teoría tradicional de la política económica en 1976.

El problema de la elaboración de la política económica desde el enfoque tradicional es una tarea relativamente sencilla dado que se trata de determinar qué cambios deben introducir las autoridades económicas en los instrumentos de política económica de los que disponen para alcanzar los valores deseados en las variables objetivo que maximizan la función de bienestar social. Esta concepción tradicional de la teoría de la política económica parte de una serie de supuestos de partida que van a ser objeto de crítica y/o refutación (teórica y práctica) posterior, y que son las siguientes: primero, que las autoridades que adoptan las medidas de política económica son un ente benévolo que persigue la maximización del bienestar de sus ciudadanos y no se plantean objetivos individuales ni partidistas; segundo, las autoridades económicas saben en qué consiste ese bienestar y disponen de la información fiable necesaria para llevar a cabo la política óptima; tercero, las autoridades económicas disponen de los instrumentos de política económica suficientes para conseguir los cambios deseados en las variables relevantes; cuarto, el público reacciona pasivamente ante los cambios en los valores de los instrumentos, sin anticiparlos. Bajo estos parámetros si las autoridades no conseguían alcanzar sus objetivos de política económica, siempre recaía la justificación en las limitaciones del modelo empleado, la omisión de variables relevantes, el insuficiente número de instrumentos, o las lagunas en el conocimiento teórico. Por este motivo, durante décadas se confiaba plenamente en el uso de los modelos econométricos, sin embargo, a partir de los años setenta se cuestiona el enfoque tradicional de la política económica por las mayores dificultades de esta ante los problemas más estructurales que se plantean, sobre todo a partir de la crisis de los años setenta, y por el desarrollo de nuevos conceptos teóricos dentro del análisis económico.

Por un lado, la profunda crisis económica que se inicia a finales de 1973, que los modelos no fueron capaces de predecir, venía a poner en tela de juicio las enormes posibilidades que se había augurado a esta línea de investigación resultante de la colaboración entre la Econometría y la Política Económica. Las críticas dirigidas hacia este enfoque fueron numerosas, entre las que destacan la incapacidad de los expertos para resolver los graves desequilibrios macroeconómicos, demasiadas arbitrariedades, o la invalidez de los fundamentos del modelo Keynesiano sobre el que se apoyaban buena parte de estas aplicaciones cuantitativas. Algunos económetras mostraron su preocupación al advertir de los peligros de las utilizaciones simplistas derivadas de la Teoría Económica para su aplicación a casos concretos de política económica o de los peligros derivados de la necesidad de tomar representaciones de la economía demasiado superficiales.

Por último, hay que destacar la importancia de algunos desarrollos teóricos dentro del análisis económico que cuestionaba algunos supuestos en los que se basaba la teoría keynesiana y que ponía de manifiesto la necesidad de un replanteamiento de las propias bases teóricas de la política económica así como del catálogo de medidas de política económica comúnmente utilizadas. Estos desarrollos teóricos del análisis económico suponen una crítica a las conclusiones del enfoque tradicional de la teoría de la política económica, y suelen agruparse bajo la denominación de problemas generales de aplicación de la política económica, siendo los más importantes: la interrelación económico-política, la creciente integración internacional, la existencia de incertidumbre, la posibilidad de que la política económica actúe con retardos largos y variables, y la influencia de los cambios en las expectativas de los agentes económicos sobre la eficacia de la política económica y sobre la utilidad de los modelos de decisión.