Economía positiva y normativa

Concepto

En el análisis económico se puede diferenciar, en función del objetivo que se persigue, dos vertientes: la economía positiva, que se ocupa del análisis de los datos reales y de sus causas, del "ser", y la economía normativa, que propone mejoras en la situación actual y analiza qué actuaciones deben llevarse a cabo, ocupándose del "deber ser".

Positivo y normativo son dos adjetivos confrontados, en opinión de Machlup (1978), empleados en la Literatura sobre la Ciencia Económica como representativos de Ciencia, descripción, explicación, investigación, teoría, leyes, pensamiento, proposiciones... para el ámbito positivo. Mientras que lo normativo está relacionado con la prescripción del cómo deben ser las cosas, cómo hay que obrar, relacionándose por tanto con cuestiones como recomendación, práctica, política, acción, arte, juicios de valor, prescripción...

El debate positivo-normativo y los juicios de valor

En todas las ciencias, y en las sociales de un modo especial, se plantea la diferencia y la controversia en torno a dos formas de conocimiento, como son el positivo y el normativo. La economía no es una excepción y en ella podemos distinguir una vertiente positiva, que se ocupa "del análisis y los datos, de lo que es" y una vertiente normativa, que se plantea más bien cuestiones relacionadas con el "deber ser", asumiendo implícitamente un deseo de acción y transformación. La teoría económica sería un ejemplo de economía positiva mientras que la política económica se encuadra dentro de la economía normativa por su enfoque teleológico.

La dicotomía positivo-normativo en la ciencia en general fue establecida por David Hume, en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, en 1740, al señalar que "no puede deducirse el deber ser a partir del ser", es decir que las proposiciones puramente positivas, descriptivas, tan solo podrán implicar otras proposiciones positivas, y nunca normas o pronunciamientos éticos o prescripciones que ordenen una determinada actuación. Esto sirvió como punto de referencia para determinar hasta dónde podía y debía llegar el economista o cualquier científico social en sus afirmaciones y cuál es el terreno —sujeto a la opinión o juicios de valor— que es propio del "arte" de la política.

En economía no existe una única respuesta respecto a qué debe incluir y qué no, para tener el carácter de científico, como muestran las diferentes posturas mantenidas por los distintos autores a lo largo de la historia respecto a esta cuestión.

Según Hutchison, "los intentos explícitos, sistemáticos y continuados para distinguir y separar las proposiciones positivas de la ciencia de la economía política, respecto a las recomendaciones sobre políticas y a los postulados éticos y políticos, o de las doctrinas que abogan por determinados objetivos de política, se remontan a los últimos escritores clásicos de la primera mitad del siglo XIX". Por tanto, la postura inicialmente ortodoxa se mostraba partidaria de una separación tajante entre análisis positivo y normativo, y de limitar el campo de la ciencia exclusivamente al primero. Y este planteamiento fue sostenido ya por la mayoría de los economistas clásicos desde que fue formulada, explícitamente, por John Stuart Mill y Nassau Senior en 1836.

De acuerdo con esta corriente, existe una barrera lógica infranqueable entre la actividad científica y la elaboración de recomendaciones sobre la conducta deseable. Esto es así porque el aspecto fundamental y distintivo del arte es la determinación de aquellos fines que son deseables, para lo que realiza proposiciones no científicas basadas en consideraciones éticas. Por el contrario, para la ciencia queda la relación entre estos objetivos y los medios adecuados para alcanzarlos, y por ello un científico no puede convertirse en un consejero práctico.

No obstante, fue en el último tercio del siglo XIX, y todavía dentro del pensamiento clásico o neoclásico, cuando la delimitación entre lo positivo y lo normativo en el campo de la economía se lleva a sus últimas consecuencias, con las contribuciones de, entre otros, Cairness, Sidgwick y J. Neville Keynes, que reafirmaron la posibilidad y la conveniencia de una separación tajante entre teoría positiva y recomendaciones normativas.

En concreto, John Neville Keynes y su obra, The Scope and Method of Political Economy de 1890, suele considerarse como el punto de arranque de la moderna demarcación del campo científico de la economía. Este autor establece una posible distinción entre el estudio científico positivo de las leyes económicas; la economía política aplicada, interesada en preceptos prácticos para alcanzar determinados fines; y la definición de criterios éticos para formular recomendaciones políticas. Más aún, para Keynes "es posible estudiar uniformidades económicas sin admitir juicios éticos o formular preceptos económicos", y "la economía política, considerada como ciencia positiva, puede ser calificada como independiente de la ética". Es decir, que propone diferenciar dentro de la economía la ciencia positiva o economía política y el arte o economía aplicada. La primera comprendería un cuerpo de conocimiento sistematizado que se ocupa de lo que es, mientras que la economía aplicada se ocuparía de la elaboración de un conjunto de reglas para la consecución de fines dados.

En general, esta postura ortodoxa, partidaria de una separación tajante entre las proposiciones positivas y normativas, y favorable a considerar como ciencia únicamente a las primeras, continuó siendo sostenida, al menos como declaración de principios, por la mayoría de los economistas neoclásicos, aunque dió lugar a un intenso debate sobre el carácter positivo-normativo de la economía política, con posturas tan encontradas como las siguientes: 1ª, Marshall y Edgerworth, que se inclinaron por la separación y diferenciación entre lo positivo y lo normativo; 2ª, Walras, que consideró que no debía existir tal separación; y 3ª, la economía del bienestar (Pigou, Pareto), que buscó hacer objetivo el conocimiento positivo y normativo a través de la formulación de un solo juicio de valor, el bienestar.

Esta misma postura ortodoxa de diferenciación entre la economía positiva y la normativa fue mantenida por otros autores como el historicista alemán Max Weber, que defendió, a principios del siglo XX, la necesidad de excluir lo normativo de lo positivo para la construcción de la Ciencia. Esta postura tuvo una especial incidencia sobre Lionel Robbins, que propugna en su obra An Essay on the Nature and Significance of Economic Science en 1932, donde radicaliza aún más su pretensión de separar la vertiente positiva de la normativa y propone establecer una ciencia económica éticamente neutral, en el que la posición del economista se reduce a un problema técnico de elección de medios para lograr los fines que le son dados. Por tanto, según esta concepción, el economista puede asumir una independencia objetiva, valiéndose libre de juicios de valor cuando ejerza su tarea. Los políticos se encargarían de elegir los objetivos a alcanzar y los economistas decidirían los medios adecuados para lograrlos.

Esta controversia entre los partidarios de la economía positiva y los defensores de la economía normativa alcanza su punto álgido en la década de los años cincuenta con la denominada controversia Myrdal versus Friedman. Myrdal, en su libro Solidaridad o Desintegración de 1962, es partidario de la unión indivisible entre la economía positiva y la normativa como expone al señalar que "una ciencia social desinteresada no existe y, por razones lógicas, no puede existir... nuestros propios conceptos están cargados de valor... y no pueden ser definidos sino en términos de valoraciones políticas". Lo que aconseja es que, dada esta dificultad, cuando el economista realice un trabajo explicite claramente las premisas de partida y defina nítidamente su posición ideológica. Myrdal (1970) señala que "la única forma en que podemos perseguir la objetividad del análisis teórico consiste en exponer nuestras valoraciones claramente, de forma consciente, específica y explícita, permitiendo que determinen la investigación teórica".

En los años 50 del siglo XX, la opinión de Milton Friedman es radicalmente diferente a la de Myrdal, lo que da lugar a una larga controversia mantenida por los partidarios de una u otra tendencia. Para Friedman, en sus Ensayos sobre Economía Política de 1953, "la economía puede ser una ciencia positiva, siendo independiente de cualquier postura ética de tipo particular o de juicios de valor de tipo normativo". Friedman hace hincapié en que la economía positiva es una ciencia objetiva, pero también insiste en que la economía normativa no puede ser independiente de la economía positiva y ello porque "cualquier conclusión política se basa necesariamente sobre una predicción basada en la economía positiva. Siguiendo sus palabras, entre la economía positiva y la normativa existe un fuerte nexo". En definitiva, Friedman se presenta como uno de los más férreos defensores del carácter positivo de la economía y, en consecuencia, de su independencia, en principio, de cualquier tipo de postura ética o juicio de valor.

Sin embargo, la aportación de Friedman no cerró el debate sobre la necesaria separación entre lo positivo y lo normativo. Así, mientras que autores como Lipsey, Becker o Stigler se muestran de acuerdo, otros autores como Smithies o Heilbroner se muestran particularmente reticentes a estos planteamientos positivistas bajo la idea de que el economista no puede evitar verse implicado en la realidad que le rodea, por lo que resulta imposible un análisis neutral de los hechos sociales.

En la década de los años ochenta se acentúan las posiciones escépticas ante el problema de la delimitación y nos encontramos posturas como la de Mckenzie que trata de dotar a la economía positiva de un necesario contexto normativo, o Katouzian o Samuels que piensan que la economía es, en sí misma, un fenómeno normativo, o la opinión extrema de McCloskey que considera a la economía como parte de la Retórica.

Concretamente, Katouzian (1980) parte en su retórica de la distinción entre los conceptos de juicio de valor e ideología, y se plantea después si es posible que un individuo desarrolle teorías que estén enteramente libres de juicios de valor. La posición mantenida por Katouzian es que no es posible que una teoría esté completamente libre de valores, tanto en las ciencias sociales como en las naturales, y ya sea en la vertiente positiva o en la vertiente normativa del conocimiento, pero que esto no invalida la pretensión de construir un conocimiento objetivo, entendido este como un concepto diferente al de neutral.

Con carácter general, actualmente se admite que la economía es una ciencia en la que existe una vertiente positiva y otra normativa, de difícil separación. El énfasis en una u otra vertiente se pueden lograr en el proceso científico al adoptar actitudes de simple búsqueda de leyes y elaboración de teorías, o actitudes de recomendación política. La Política Económica se encuentra en este segundo caso, donde el paso de una fase de descripción a una fase de intervención para la consecución de determinados objetivos modificando así la actuación de los agentes económicos requiere la introducción de juicios de valor, pero esto no implica la pérdida de su carácter científico. De hecho, también influyen los juicios de valor del científico en la fase positiva del análisis. Lo que es necesario es explicitar estos juicios de valor, al menos siempre que el investigador sea consciente de ellos, reducirlos exclusivamente a aquellos que son inevitables y, por supuesto, evitar todos aquellos que solo introducen parcialidades en el análisis.