Derechos y garantías del contribuyente

Concepto

La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, fue el primer cuerpo legal que, tras la demanda de todos los sectores sociales, contenía los derechos y garantías de los contribuyentes reforzando así el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de la Constitución Española. Tal y como advertía el profesor Falcón y Tella esta Ley "se refiere a una serie de cuestiones heterogéneas que pueden caracterizarse -si quiere buscarse un rasgo común a todas ellas- como una cierta aproximación o equiparación, aunque no plena, de la situación del contribuyente a la del "administrado", tal como esta última aparece diseñada en la Constitución y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" (actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En efecto, esta Ley contribuyó a profundizar en la idea de equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración tributaria y de los contribuyentes, con la finalidad de favorecer un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones de estos. Téngase en cuenta que los derechos y garantías de los contribuyentes no son sino la contrapartida de su obligación tributaria que es la que concreta el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución. Por otro lado, los derechos y garantías de los contribuyentes suponen un conjunto de obligaciones de la Administración Tributaria, el sujeto activo de la obligación tributaria.

Derechos y garantías de todos los obligados tributarios

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha integrado el contenido de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. En el mismo se recogen los derechos y garantías de todos los obligados tributarios. Entre otros, se contemplan los siguientes:

• a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
• b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta Ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
• c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
• d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
• e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
• f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
• g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
• h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
• i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
• j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
• k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
• l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
• m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta Ley.
• n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
• ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones ya que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta Ley.
• o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
• p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
• q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
• r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
• s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta Ley.

Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

Igualmente, la Ley General Tributaria de 2003 recoge la figura del Consejo para la Defensa del Contribuyente, creado por el derogado Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre (actual Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente). El Consejo está integrado en el Ministerio de Hacienda, vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende las quejas que se producen por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectúa las sugerencias y propuestas pertinentes, entre otras funciones.

Derechos en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios

En el mismo sentido, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula una serie de derechos en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios:

• 1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
• 2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
• 3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
• 4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de este, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
• 5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta Ley.
• 6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
• 7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.
• Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
• Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.
• Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las Leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
• 8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones. El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
• 9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

  La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.

Conviene señalar, sin embargo, que la Ley General Tributaria no ha incorporado algunos principios que se encontraban recogidos en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Concretamente, no se hace referencia al principio de buena fe. Sea como fuere, quizás no sea necesario dado que, como advirtió el profesor Calvo Ortega, el artículo 7 del Código Civil se refiere a él ("los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe"), siendo este precepto de aplicación, también, al Derecho Tributario. El citado profesor recuerda cómo "este planteamiento, con independencia de cualquier ordenamiento jurídico concreto, ha sido hecho por una doctrina acreditada que ha considerado al citado principio como un aspecto esencial del Derecho mismo" (cita, en este sentido, a Larenz). Por otro lado, su juego como corrector de la actuación administrativa ha sido muy limitado teniendo en cuenta que "una actuación indebida de la Administración tiene una sanción más nítida y específica a través de otras técnicas de corrección". En definitiva, para el citado profesor, sería más ajustado, por tanto, hablar de la presunción de buena fe de los sujetos obligados: "esta sería una conducta subjetiva (...) que impediría el nacimiento de la infracción al faltar un elemento esencial de la misma como es la culpabilidad". También el historial tributario podría jugar positivamente para decidir la actuación de buena fe del sujeto. Si se llevara a la práctica, sería una nueva e importante garantía del contribuyente.