Extorsión

Regulación legal

El delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 243 del Código Penal, en el Capítulo III, De la extorsión, dentro del Título XIII dedicado a los Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico.

Este precepto dispone que "El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados".

La redacción del tipo en el Código Penal de 1973 exigía que la violencia o intimidación se empleara para obligar a alguien a suscribir un documento o una escritura pública, mientras que en el tipo actual la extorsión se comete siempre que se emplee violencia o intimidación para obligar a otro a realizar u omitir algún acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, sin necesidad de que suscriba documento alguno.

Frente a la ubicación que este delito tenía en el código de 1973, dentro del capítulo dedicado a los robos, como una modalidad más de ellos, la tipificación del delito de extorsión en el artículo 243 del vigente Código Penal se sitúa sistemáticamente, a continuación de la tipificación de los hurtos y robos, pero en un capítulo aparte con lo que se pretende destacar la diferencia y autonomía de esta figura frente a los delitos de apoderamiento, no obstante su carácter híbrido mezcla de robo violento, de estafa, de chantaje o de amenazas lucrativas.

Bien jurídico

Es un delito pluriofensivo, ya que no se ataca sólo un bien jurídico, sino más de uno: el patrimonio (bienes muebles, inmuebles, derechos con contenido económico), la integridad física y la libertad.

Naturaleza jurídica

Es un delito patrimonial ya que el ánimo de lucro es elemento necesario, pero híbrido en cuanto bascula entre los delitos de estafa, en cuanto que requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. No obstante, aunque guarde relación con otras figuras es un delito autónomo con sus propias características.

Es además un tipo penal de resultado cortado, o de consumación anticipada porque conseguida la realización u omisión del acto o negocio jurídico, todo lo posterior pertenece, no al tracto comisivo de la infracción sino a su fase de agotamiento.

Se considera un delito de encuentro al exigir para su realización una conducta del sujeto pasivo (STS 29/09/1999), un acto jurídico con trascendencia económica, en perjuicio propio o de tercero.

Sujeto activo

Es un sujeto indeterminado, puede serlo cualquiera.

Sujeto pasivo

Es la persona sobre la que se ejerce la violencia o intimidación con el fin de doblegar su voluntad; puede serlo el titular del patrimonio afectado o un tercero con capacidad de disposición sobre dicho patrimonio.

Objeto material

Consiste en un acto o negocio jurídico. Aun cuando no viene determinado en el texto legal la doctrina ha concluido que ese acto se refiere a una decisión relativa al patrimonio, a la adquisición y transmisión de bienes, muebles, inmuebles u otros derechos.

Conducta típica

Consiste en obligar a una persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero utilizando la violencia o la intimidación.

Los elementos diferenciadores del tipo penal son:

• • Una violencia o intimidación directa o inmediata en el comportamiento del sujeto activo, por medio de la cual se doblega la voluntad de la víctima.

  Violencia, consiste en la inmovilización o privación de movimiento durante un lapso de tiempo escaso, con el fin de obligar a la víctima o impedirle realizar un negocio jurídico. Si el tiempo de privación de libertad excede del necesario para ello podrá apreciarse concurso con detenciones ilegales.

  Intimidación: Anuncio de un mal inmediato, grave y posible, a la persona o bienes propios o de familiares o terceros, susceptible de inspirar miedo. No se limita sólo al empleo de medios físicos o uso de armas, sino que bastan palabras o actitudes conminatorias o amenazantes, idóneas según las circunstancias de la persona intimidada. El mal con el que se amenaza no tiene por qué ser real, siempre que sirva para intimidar a la víctima.

• • La realización del negocio jurídico traslativo que puede recaer sobre bienes muebleso inmuebles. El acto de disposición patrimonial tiene que ser apto para producir un perjuicio patrimonial. Puede consistir también en la entrega de un documento.
• • Perjuicio patrimonial. El perjuicio patrimonial es la consecuencia manifiesta de la conducta que describe este delito, que puede producirse o no, por cuanto el delito se consuma cuando la víctima realiza u omite la acción contraria a su voluntad, como resultado de la violencia o intimidación soportada

En cualquier caso, para aplicar el delito de delito de extorsión, debe estar nítidamente acreditado, aparte del ánimo o propósito de obtener un lucro ilícito, la violencia o intimidación en el comportamiento del agente activo, que son sus notas esenciales.Citamos el Auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2000 que estima ajustada la condena por el delito de extorsión ante unos hechos consistentes en que un menor fue amenazado por el acusado, quien le doblaba la edad, con decirle a sus padres que fumaba, si no le entregaba una cantidad de dinero de forma periódica, obteniendo de esta forma coactiva la cantidad de 125.000 pesetas. Entiende el Tribunal Supremo que existió coacción e intimidación, ánimo de lucro y realización de un negocio jurídico en perjuicio del patrimonio de los padres del menor, por lo que concurren así todos los elementos de este delito.

Véase también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de diciembre de 2009, como ejemplo de iter criminis, en la que se condena al acusado como autor responsable de un delito de extorsión:

Elemento subjetivo

Este delito se comete con dolo específico, el ánimo o intención de lucro manifestado en el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio económico o patrimonial al que no se tiene derecho, aun cuando la ventaja patrimonial la obtenga otra persona.

Se excluye el ánimo de venganza, el de dañar, el de salvar o ayudar patrimonialmente a alguien.

El consentimiento libre del que otorga el negocio jurídico excluiría la aplicación del tipo.

Diferencias con el delito de robo con intimidación

Tanto el robo como la extorsión coinciden en el empleo de la violencia o la intimidación para la obtención de un lucro patrimonial, se diferencian en el objeto material y en el modo de actuar del sujeto pasivo.

En el robo con intimidación la víctima entrega el objeto del delito, un objeto material, físico, por el temor que siente ante los actos de intimidación, y aunque el autor no la agarre, sujete, golpee, registre o ejecute cualquier otro acto de apoderamiento material.

En el delito de extorsión, por el contrario, la violencia o intimidación existen, pero se dirigen a mover la voluntad del perjudicado para que otorgue un verdadero acto o negocio entérminos jurídicos", Audiencia Provincial de Toledo de 22 de febrero de 2010.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 21 de mayo de 2002 recuerda que el delito de extorsión contiene en su estructura de la conducta típica, a diferencia del robo, la exigencia de una colaboración decisiva del sujeto pasivo a fin de realizar un acto jurídico con trascendencia en el orden económico o patrimonial, de forma que lo decisivo para que se produzca la aparición de este tipo penal específico es que exista este propósito o ánimo de obtener un lucro ilícito en conjunción con otro elemento tipificador como es la violencia o intimidación en la conducta del sujeto activo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 1998 señala que en el supuesto sometido a revisión casacional hubo violencia y se probó la finalidad defraudatoria, el ánimo de lucro, por lo que el delito quedó consumado una vez ejercitadas la violencia o intimidación y lograda la suscripción del documento y ello a diferencia de lo que ocurre en los robos, porque la consumación del lucro aquí pertenece no a la consumación delictiva, sino al agotamiento del delito.

Diferencias con el delito de realización arbitraria del propio derecho

Puede ocurrir que el sujeto activo pretenda conseguir lo que presuntamente le pertenece al margen de la legalidad, utilizando violencia o intimidación. En ese supuesto estaremos ante la realización arbitraria del propio derecho, delito tipificado en el art. 455 Código Penal que castiga al que para realizar un derecho propio actúe al margen de la legalidad.

Grados de ejecución

La consumación no precisa de un efectivo empobrecimiento del sujeto pasivo, ya que esta consecuencia es accesoria en relación con la perfección de la ejecución y se considera un mero agotamiento de la misma (SAP Madrid, 26/03/2007).

La extorsión es un delito de resultado cortado, o de consumación anticipada (STS 15/12/1994), La consumación se produce tan pronto se consigue la realización u omisión del acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y propósito defraudatorio. (STS de 18 de septiembre de 1998 y 29 de septiembre de 1999), aunque el sujeto activo no consiga el lucro pretendido, pues la obtención definitiva del mismo pertenece a la fase penalmente irrelevante del agotamiento y no a la consumación delictiva.

El delito puede ser ejecutado en grado de tentativa cuando tras utilizar la violencia o la intimidación la víctima utiliza su margen de voluntad para decidir no ceder a la presión y no realizar el acto o negocio que se le exige, (SAP Madrid, 26/03/2007).

Algunos supuestos de tentativa de extorsión pueden castigarse como amenazas condicionales conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Código Penal (criterio de la alternatividad).

Penalidad

El delito de extorsión está castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.

El inciso final del artículo 243 CP posibilita el concurso con otros delitos como las lesiones, la detención ilegal y las agresiones sexuales, pudiéndose en consecuencia imponer además la pena que corresponda a esos otros delitos que se cometan por la violencia o intimidación que el extorsionador emite sobre el extorsionado.

Es un delito preferente en relación con los delitos de amenazas condicionales lucrativas, coacciones y robo con violencia o intimidación. Se aplica en estos casos el concurso de normas que se resuelve conforme al principio de especialidad contenido en la regla 1ª del art. 8 CP conforme al cual los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos del Código Penal se castigarán aplicando con preferencia el precepto especial frente al general.