Juicio oral penal

¿Qué principios rigen el juicio oral penal?

El acto del juicio oral ha de estar sometido a unos principios:

• • Inmediación, que supondrá que todas las pruebas practicadas en fase de instrucción y las nuevas propuestas en los escritos de calificación, han de realizarse nuevamente en el acto del juicio oral en presencia del órgano judicial al que le corresponde el enjuiciamiento , para poder ser sometidas a contradicción, salvo lo dispuesto para la prueba anticipada y preconstituida (art. 703 bis, 707, 730, 777, 788.2 LECrim) .
• • Contradicción, que implica la igualdad de partes, igualdad de condiciones e igualdad de armas.
• • Oralidad, que implica que todo lo que acontezca se efectuará verbalmente ante el órgano judicial.
• • Publicidad, (artículo 680 LECrim, artículo 232 LOPJ y art. 120 CE). Ahora bien, esta publicidad no es un derecho absoluto, pues se puede ver limitado por la celebración a puerta cerrada (artículo 681 LECrim, art. 10.2 CE).

  El derecho a un juicio público puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público, moralidad, protección de personas menores etc., justificadas en una sociedad democrática, siempre que estén previstas por las leyes (SSTC 62/1982, 96/1987 y 176/1988).

  Por otro lado, el órgano judicial podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares:

  • - Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.
  • - Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.

  En la práctica, lo habitual es que la celebración de la vista a puerta cerrada se solicite por escrito con carácter previo por la parte que así lo desee, petición de la que se dará traslado a las partes, a fin de que conozcan los motivos alegados, dando la palabra al Ministerio Fiscal y a las partes, así como al Jurado en esos procedimientos, al inicio de las sesiones del juicio oral para que aleguen lo que estimen conveniente.

  En el caso de denegarse la celebración a puerta cerrada la parte proponente deberá formular protesta al objeto de hacer valer en segunda instancia su queja.

  De autorizarse, el auto deberá contener una motivación pertinente y adecuada con las circunstancias que pudieran justificar la derogación para el caso concreto de la garantía constitucional protectora del encausado del principio de publicidad. No obstante, podrá autorizarse la presencia de aquellas personas que acrediten un especial interés en la causa.

  En el caso de celebrarse el juicio a puerta cerrada deberán abandonar la sala todos los concurrentes salvo las personas lesionadas por el delito, los procesados, el Ministerio Fiscal, el acusador privado, el actor civil los respectivos letrados.

  En cualquier caso, queda prohibida la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de delitos de agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y la trata con fines de explotación sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares. .

En cuanto a la posibilidad de intervenir en el juicio oral por vía telemática, véase: videoconferencia (proceso penal)

¿Cómo se desarrolla en el procedimiento ordinario?

El acto del juicio oral (artículos 680 y ss LECrim) siempre se va a celebrar ante un tribunal, en el que habrá un Presidente y dos magistrados, siendo designado uno de ellos ponente de la causa.

Los letrados y el fiscal no podrán dirigirse unos a otros, sino que deberán dirigirse al Presidente, con solicitud de su venia para hablar.

Deberán estar en la Sala el día del juicio las piezas de convicción existentes (artículo 688.I LECrim) siendo la razón de esta exigencia la utilidad que puede reportar su examen tanto al tribunal como a las partes o a los testigos.

El desarrollo del juicio oral puede sistematizarse en las siguientes fases:

• 1ª Práctica de la prueba

  Los artículos 688 a 731 de la LECrim se ocupan de la regulación de diversos medios de prueba y de su práctica en el acto del juicio oral. Puede ser rechazada la prueba no pertinente, e incluso no practicarse la admitida cuando haya razones para ello y se fundamente por el tribunal, no vulnerándose por ello el principio de tutela judicial efectiva salvo en el caso de que se generara indefensión (STS, de 11 de marzo de 1997, Rec. 1/1996). La proposición de las pruebas se realiza en los respectivos escritos de calificación por las partes (artículo 656 de la LECrim). Una vez presentados y examinados por el tribunal, dictará auto (art. 659 LECrim), admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás.

  Las pruebas se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente. Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas. No obstante, si a propuesta de su defensa el acusado solicitara declarar en último lugar, el Presidente así lo acordará expresamente, según recoge expresamente el art. 701 LECrim, conforme a la redacción dada por LO 1/2025, vigente desde el 3/4/2025.

  El Presidente podrá alterar el orden a instancia de parte y aun de oficio cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad, pero sin revocar el derecho del acusado a testificar en último lugar.

• 2ª Conclusiones definitivas

  El resultado de las pruebas puede llevar a las partes bien a ratificar y mantener bien a modificar las conclusiones provisionales presentadas tras la fase de instrucción. Constituyen, pues, las conclusiones definitivas el verdadero escrito de acusación. Véase voz: Conclusiones definitivas (proceso penal)

• 3ª Planteamiento de la tesis

  El Presidente del tribunal la utilizará si entiende que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, y que puede hacerse de otro modo, se lo pone en conocimiento de las partes.

  Esta facultad la ha de usar el tribunal excepcionalmente y con moderación, no extendiéndose a delitos perseguibles solamente a instancia de parte ni es aplicable a errores que hayan cometido las partes en sus escritos de calificación, tampoco respecto a circunstancias atenuantes o agravantes, ni a participación de cada uno de los procesados. Si las partes manifestaran no estar suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta podrán solicitar del presidente la suspensión de la sesión hasta el día siguiente.

• 4ª Informe final

  Una vez hechas las conclusiones definitivas, el Presidente concederá la palabra al Fiscal y después, si las hubiera, a los abogados de las demás acusaciones para que procedan a informar, exponiendo los hechos que consideren probados en el juicio oral, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la responsabilidad civil (artículo 734 de la LECrim). Véase voz: Informe final (proceso penal)

• 5ª La última palabra del acusado

  El Presidente del Tribunal deberá, una vez finalizados los informes, preguntar al procesado si tiene algo más que manifestar, y en el caso de que éste conteste afirmativamente, le será concedida la palabra (artículo 739 de la LECrim). Se trata del derecho que tiene cualquier acusado a decir "la última palabra" en el acto del juicio oral, que no es un mero formalismo, sino que el derecho a la defensa comprende, además de la asistencia de letrado, el derecho a defenderse personalmente [artículo 6.3 a) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 14.3 d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Este derecho se fundamenta en el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído, resultando la viva voz del condenado un elemento personalísimo y esencial para su defensa en el juicio (STC 181/1994 y STS de 26 de diciembre de 1996, rec. 1537/1995).

• 6ª Conclusión del juicio

  Después de hablar o no los procesados, el Presidente declarará el juicio concluso, y visto para dictar sentencia.

¿Cómo se desarrolla en el procedimiento abreviado?

El juicio oral se desarrolla ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, (conforme a la LO 1/2025, hasta entonces Juzgado de lo Penal) o la Audiencia Provincial, según las penas solicitadas, siguiendo un curso similar al regulado en el procedimiento ordinario cuyas normas se aplican supletoriamente, si bien se manifiestan una serie de especialidades (arts. 784 a788 LECRIM):

• • La posibilidad de celebrar el juicio en ausencia del acusado y del tercero responsable civil. Véase voz: Juicio en ausencia del acusado.
• • Audiencia para proponer nueva prueba.

  Antes de desarrollar la audiencia para proponer prueba que da inicio al juicio oral, y que anteriormente se conocía como turno de cuestiones previas, debe recordarse que este turno ha sido sustancialmente limitado, tras la LO 1/2025, de 2 de enero, vigente desde el 3/4/2025, que introdujo, en el artículo 785 LECrim, la audiencia preliminar, que tiene por objeto que las partes expongan lo que consideren oportuno sobre la posibilidad de conformidad, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de algún artículo de previo pronunciamiento, así como contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas. También podrá proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos, y la práctica de la prueba de la que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular los escritos de acusación y defensa.

  El artículo 787 LECrim señala que el juicio oral comienza con la lectura de los escritos de acusación y de defensa y que, al inicio de las sesiones, se podrán incorporar informes, certificaciones y otros documentos, y también podrá proponerse aquella prueba de la que las partes no hubieran tenido conocimiento al celebrar la comparecencia del artículo 785 LECrim. La prueba que se puede proponer puede ser de cualquier tipo, documental, pericial o testifical, pero en todo caso, será exigible al proponente que acredite los motivos que le impidieron conocerla y proponerla en la audiencia preliminar.

• • Modificación de las conclusiones. Cuando en sus conclusiones definitivas la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecie un mayor grado de participación o de ejecución, o circunstancias de agravación de la pena, el juez o tribunal podrá conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes. Si se hubiera practicado prueba las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas.
• • El auto de incompetencia. Cabe la posibilidad de que al final del juicio oral no se dicte sentencia sino un auto declarando la incompetencia del juez de lo penal cuando todas las acusaciones califiquen definitivamente los hechos como delitos castigados con pena que exceda de la competencia del juez de lo penal, dando por terminado el juicio y remitirá las actuaciones a la Audiencia competente. No habiendo unanimidad en las acusaciones respecto a la calificación definitiva de los hechos, y solicitando solamente alguna pena superior a la competencia del juez de lo Penal, éste resolverá lo que estime pertinente acerca de la continuación o finalización del juicio, pero en ningún caso podrá imponer una pena superior a la correspondiente a su competencia.

¿Cómo se desarrolla en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado?

La fase del juicio oral reviste en el juicio de jurado una especial trascendencia, ya que sólo las pruebas que se practiquen en la vista oral podrán ser valoradas, llegando a prohibirse la lectura de las diligencias sumariales. Según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), en lo no previsto por dicha ley, se aplicará supletoriamente la LECrim, y más en concreto las normas reguladoras del juicio oral en el proceso común, en particular sobre la publicidad de las vistas (artículos 680 a682 LECrim); las facultades sobre la policía de vistas (artículos 683 a687 LECrim); la suspensión del juicio oral (artículos 744 a749 LECrim); la ejecución de prueba (artículo 688 a 731 LECrim); conclusiones (artículo 732 LECrim); la tesis del artículo 733 LECrim; los informes (artículos 734 a738 LECrim) y el derecho a la última palabra (artículo 739 a740 LECrim).

No obstante, la ley regula una serie de especialidades:

• • Alegaciones iniciales de las partes. Deben explicar al jurado el contenido de cada una de las pretensiones y el de la finalidad de la prueba propuesta. Además, con tal ocasión, las partes pueden proponer nuevas pruebas, el Magistrado-Presidente preguntará verbalmente a las demás partes acerca de la admisibilidad de todos y cada uno de los medios probatorios, resolviendo lo que proceda tras dicha audiencia, con unidad de acto. El Magistrado-Presidente admitirá sólo las pruebas que puedan practicarse en el acto lo que significa que la parte interesada habrá de traer consigo el medio de prueba, al no autorizar la ley acudir al auxilio judicial, ni tampoco a suspender el juicio.
• • Práctica de la prueba, deben mencionarse las siguientes especialidades:
  • - Los jurados pueden dirigir mediante escrito a testigos, peritos y acusados, las preguntas declaradas pertinentes por el Magistrado-Presidente que estimen conducentes para aclarar los hechos sobre los que verse la prueba;
  • - Los jurados verán por sí los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción.
  • - Para la prueba de inspección ocular, se constituirá el tribunal en su integridad, con los jurados, en el lugar del suceso.
  • - El Fiscal, los abogados de la acusación y los de la defensa pueden interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones entre los manifestado en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción, aunque no podrá darse lectura a las declaraciones previas, pero sí unirse al acta el testimonio por quien interroga que debe presentarse en el acto. Las declaraciones realizadas en la fase de instrucción no poseen valor probatorio alguno, salvo que se trate de prueba anticipada.
• • La disolución del jurado, que puede tener lugar:
  • - Una vez concluidos los informes de las partes por inexistencia de prueba de cargo que pueda fundamentar una condena del acusado y en cuyo caso se dictará, dentro del tercer día, sentencia absolutoria motivada.
  • - Por conformidad de las partes cuando el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras, en sus conclusiones definitivas, o en cualquier momento anterior al juicio, manifestasen que desisten de la petición de condena del acusado, dictándose igualmente sentencia absolutoria.
  • - Cuando se produzca en tres ocasiones la devolución del acta entregada a los jurados sin subsanar los defectos denunciados o no se hubieren obtenido las necesarias mayorías, en cuyo caso el jurado será disuelto y se convocará juicio oral con un nuevo jurado.

¿Cómo se documentan las sesiones del juicio oral?

Desde el 20 de marzo de 2024, fecha de entrada en vigor de la reforma que el RDL 6/2023 hace en el art. 743 LECRIM, y en los arts. 146 y 147 LEC, de aplicación supletoria, la forma de documentar las sesiones del juicio oral dependerá de los medios tecnológicos con los que cuente el órgano judicial. Así, se prevén los siguientes escenarios:

• 1.- Existencia de expediente judicial electrónico.

  Las sesiones del juicio oral se grabarán y la oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico.

  Las partes podrán pedir, a su costa, acceso electrónico a las grabaciones originales.

  Garantía de la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido: el letrado de la Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que, conforme a la ley, ofrezca tales garantías.

• 2.- Inexistencia de expediente judicial electrónico pero con medios tecnológicos.

  Las sesiones del juicio oral se grabarán y el letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación.

  Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

  Debe tenerse en cuenta que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine (art. 147 LEC).

• 3.- Sin medios tecnológicos.

  El Letrado de la Administración de Justicia extenderá acta manuscrita de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios: el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidasy las resoluciones adoptadas.

  Al terminar la sesión del juicio oral el letrado de la Administración de Justicia leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes y se firmará por el Presidente y miembros del tribunal, por el fiscal y por los defensores de las partes.

¿Cabe la suspensión del juicio oral?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé para el procedimiento ordinario un plazo máximo concreto de suspensión, cuyo alcance supondría la nulidad de la parte del juicio celebrada, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado en donde se prevé un plazo de 30 días. Únicamente se refiere al tiempo de suspensión el artículo 749 de la LECrim, de modo que cuando la suspensión lo sea por las causas previstas en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 746 de la LECrim, y haya de prolongarse indefinidamente o por un tiempo demasiado largo, se dejará sin efecto la parte del juicio celebrada.

Los motivos de suspensión del juicio oral son, con carácter general, que las partes no tuviesen preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos por causas ajenas a su voluntad (artículo 745 de la LECrim) y, específicamente, procederá la suspensión del juicio oral en los supuestos previstos en el artículo 746 de la LECrim y en el art. 188.1 LEC, de aplicación supletoria en el proceso penal.

El art. 14 de la LO 5/2024, del Derecho de Defensa también prevé que los profesionales de la abogacía tienen derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge o de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad y de pariente o familiar a cargo, el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.