Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

¿Dónde se regula el funcionamiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria?

La materia penitenciaria carece de un procedimiento autónomo, así como de un orden jurisdiccional propio, siendo así que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria están integrados en el orden jurisdiccional penal, conforme previene el art. 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el cargo de Juez de Vigilancia es compatible con el desempeño de otro cargo dentro de un órgano de dicho ámbito.

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se encuentran regulados en las siguientes leyes fundamentalmente:

• • LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria que delimita sus atribuciones y radicación de los mismos.
• • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
• • Arts. 94 y DA 5ª LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• • Arts. 108, 109, 110, 111 y 124 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, que aprueba el Reglamento Penitenciario, cuyos artículos continúan vigentes .
• • Arts. 526, 985, 987, 990 LECRIM. y concordantes, a los que remite el art. 78 y DT 1ª de la LO 1/1979.
• • Arts. 36,49, 58, 60, 78, 78 bis, 90, 91, 92, 96, 98, 105 y 106 Código Penal.
• • L 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

¿Cuál es la demarcación y atribuciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria?

Según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro del orden jurisdiccional penal, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria estarán distribuidos del modo siguiente:

• • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria Provinciales. En cada provincia habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que ostentarán las funciones jurisdiccionales siguientes:
  • - Las previstas en laLey General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
  • - Emisión de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. (Arts. 64 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea).
  • - Control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.
  • - Amparo de los derechos y beneficios de los internos en los distintos establecimientos penitenciarios.
  • - Demás que señale la Ley.
• • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de las Comunidades Autónomas. Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.

  En principio, la demarcación de los JVP es provincial, pero está condicionada por la distribución de los centros penitenciarios y por el número de personas que permanecen ingresadas en ellos, lo que hace que sea frecuente que estos Juzgados tengan demarcaciones que comprenden varias provincias, siempre dentro de la misma Comunidad Autónoma, como exigencia derivada del artículo 152 de la Constitución española.

• • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de demarcación menor de la provincia. Podrán crearse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda una provincia.
• • Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria. Habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, con sede en Madrid, y jurisdicción en toda España, cuyas funciones jurisdiccionales son:
  • - Las previstas en laLey General Penitenciaria en relación con los delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional.
  • - Competencia preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. Es decir, ejercen "vis atractiva" cuando el penado pueda estar cumpliendo condena por sentencias dictadas por otros Tribunales del orden penal además de la impuesta por la Audiencia Nacional.
  • - Ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, salvo cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor, en cuyo caso corresponderá al Juez Central de Menores. (Art. 64 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea).
  • - Demás funciones que señale la ley en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.

La destacada misión que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria desempeñan en nuestro sistema penitenciario tiene su cobertura en el artículo 76 LOGP que les atribuye las siguientes funciones generales:

• • Hacer cumplir la pena impuesta.
• • Resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar la pena con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos.
• • Salvaguarda de los derechos de los internos.
• • Corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.

Concretamente, y como desarrollo de las referidas funciones generales, corresponde a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria el ejercicio de las siguientes funciones:

• • Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores.
• • Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan.
• • Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.
• • Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días.
• • Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
• • Resolver los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado conforme a los estudios de los equipos de observación y de tratamiento y en su caso de la central de observación.
• • Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos.
• • Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria recabar, para el ejercicio de dicha función, el auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado.
• • Autorizar permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.
• • Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento.

Dentro de la atribución específica de competencias que la LOGP otorga a estos Juzgados, el artículo 77 de la LOGP los faculta, así mismo, para dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para formular propuestas referentes a:

• • La organización y desarrollo de los servicios de vigilancia.
• • La ordenación de la convivencia interior en los establecimientos.
• • La organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa.
• • Las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto, en general.

Con arreglo al Código Penal, es competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:

• • Formular las propuestas de cese, sustitución o suspenso de las medidas de seguridad, Art. 97 y 98 CP.
• • Informar al órgano sentenciador sobre el cumplimiento de reglas impuestas, Art. 105 CP.
• • Control de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, Art. 49 del CP.
• • Aplicación régimen general de cumplimiento a penados, Art. 78 CP.

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ostentan, en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la UE, la competencia que les reconoce la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en los Capítulos I a III del Título III de la misma. En concreto el artículo 64 de la L 23/2014, determina la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, salvo que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, en cuyo caso será autoridad competente el tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia.

¿Dónde se regulan las cuestiones orgánicas y procedimientos de actuación de los JVP?

Las cuestiones orgánicas relativas a los jueces de vigilancia y a los procedimientos de su actuación se regirán por lo dispuesto en las leyes correspondientes, según establece el artículo 78 de la LOGP. Hasta tanto se dicten esas normas serán de aplicación los artículos 526, 985, 987, 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a las visitas a las prisiones, ejecución de sentencias, práctica de diligencias necesarias para dicha ejecución, principio de legalidad y auxilio de la Administración en la ejecución de la pena, según dispone la DT 1ª de la LOGP.

¿Qué recursos caben contra las resoluciones de los JVP?

El régimen de recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria contemplado en la DA 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece los siguientes:

• • Recurso de reforma. Se podrá interponer contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
• • Recurso de apelación y queja. El Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional podrán interponer recurso de apelación, y en caso de denegación de éste, recurso de queja, contra las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria dictadas con relación a las siguientes materias:
  • - Ejecución de penas, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. Se interpondrá ante el tribunal sentenciador.

    En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último lugar.

  • - Régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior, siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa. Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario.
  • - Recurso de apelación y queja contra resoluciones dictadas por un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Será competente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para conocer de los recursos de apelación y queja interpuestos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa.
• • Recurso de casación por infracción de Ley. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• • Recurso de casación para la unificación de doctrina. Se interpondrá por el Ministerio Fiscal o la defensa del penado, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra los autos de las Audiencias Provinciales y de la Audiencia Nacional resolviendo recursos de apelación contra resoluciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, que no sean susceptibles de casación ordinaria.
• • Recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional, en caso de vulneración de derechos fundamentales.
• • Interposición de recursos por la víctima. El art. 13 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima, regula la posibilidad de la víctima de interponer determinados recursos contra algunas resoluciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

¿Qué conflictos de competencia surgen entre los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Jueces o Tribunales sentenciadores?

La relación de competencias que la LOGP, la LOPJ y el Código Penal atribuye a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria no equipara sus funciones a las que ostentan los Jueces y Tribunales sentenciadores, originándose entre ambos órganos jurisdiccionales diversos conflictos de competencia de solución compleja, incrementados por la carencia de normas específicas en materia penitenciaria y dispersión de las existentes. Algunos ejemplos de estos conflictos son los siguientes:

Conflictos de competencia para resolver sobre la anulación o revocación del licenciamiento definitivo de una causa, aprobado por el Juzgado o Tribunal sentenciador.

Los artículos 17.3 de la LOGP y 242 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, atribuyen al Tribunal sentenciador la competencia exclusiva para aprobar la libertad definitiva de un penado.

Por otro lado, corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 76.2 g) de la LOGP, resolver las peticiones o quejas que les dirijan los internos en solicitud de anulación de las propuestas de licenciamiento definitivo de una causa ya licenciada, para su refundición con otra u otras causas que estén cumpliéndose.

Al mismo tiempo los Juzgados o Tribunales sentenciadores tienen competencia para decidir sobre la anulación o revocación de dicho licenciamiento, con iguales fines, cuando la proponga el Centro penitenciario, aplicando los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Supremo.

Esto origina un conflicto de competencias de muy difícil solución salvo que se atribuya a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria competencias para aprobar la libertad definitiva.

Conflicto de competencia en materia de abono de prisión preventiva sufrida en otras causas.

La competencia objetiva para conocer y acordar el abono a las causas en cumplimiento, de períodos de prisión preventiva sufrida en otras causas, bien por haber recaído sentencia absolutoria, bien por exceder la prisión provisional de la duración de la condena impuesta, corresponderá al Juez de Vigilancia Penitenciaria de quien dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, por ser una cuestión que afecta directamente a la ejecución de la pena, atribuida al Juez de Vigilancia en virtud de la cláusula genérica del art. 76.2 a) de la LOGP, y del ATS de 7 de mayo de 1991, en resolución de una cuestión de competencia surgida sobre este particular.

Conflicto de competencias en relación con las comunicaciones orales y escritas de los presos preventivos.

La competencia para el conocimiento y resolución de las cuestiones o pretensiones que se susciten en relación con la intervención, suspensión, restricción o prohibición de las comunicaciones orales y escritas de los internos, ingresados como detenidos o presos preventivos en un determinado establecimiento penitenciario, cuando aquéllas se acuerden al amparo de lo previsto en el artículo 51 de la LOGP (sobre comunicaciones y visitas), corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria y no al Juez instructor o Tribunal a cuya disposición se encuentre, en base a doctrina jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo en los ATS de 16 de Noviembre, 10 de Diciembre de 1999 y 29 de Marzo de 2000, así como en el AAN de 3 de Marzo de 1998.

¿Cuál es el Estatuto personal de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria?

Compatibilidad de ejercicio de función jurisdiccional sentenciadora y de vigilancia penitenciaria.

La función de Juez de Vigilancia puede desempeñarse por un Juez que sea titular de un Órgano jurisdiccional penal, dando lugar a una compatibilidad de ejercicio entre la función penal, generalmente sentenciadora, y la de vigilancia penitenciaria, a las que se hace referencia en el artículo 18 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial y art. 12 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal. Y estas circunstancias se dan, efectivamente, en determinados Juzgados de Vigilancia en régimen de compatibilidad.

Provisión de plazas de JVP

Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se resolverán a favor de quienes vengan prestando servicios en el Orden jurisdiccional penal durante los ocho años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria y, en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón de la Carrera Judicial, según establece el art. 329 LOPJ.