Instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea

Dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, se aplica el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales a partir del 11 de diciembre de 2014, que supone que las autoridades judiciales españolas (art. 1 L 23/2014, de 20 de noviembre):

• Transmitirán a otro Estado miembro los instrumentos de reconocimiento mutuo que dicten para éstos los reconozcan y los ejecuten.

• Reconocerán y ejecutarán en España dentro del plazo previsto, los instrumentos que hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningún motivo tasado de denegación.

Los Jueces o Tribunales y la FGEº remitirán al Ministerio de Justicia los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por ellos. El Ministerio de Justicia, concretamente el Registro Central de Penados y Rebeldes, será la Autoridad Central a la que corresponde auxiliar a las autoridades judiciales (art. 6 L 23/2014, de 20 de noviembre). (Véase: Registro Central de Penados y Rebeldes)

A partir del 19 de diciembre de 2020 se aplicará también el Reglamento (UE) 2018/1805, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.

Régimen jurídico del reconocimiento mutuo

El reconocimiento mutuo se hará:

• Respetando los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en (art. 3 L 23/2014, de 20 de noviembre) :

• – la Constitución Española,
• – el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
• – el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950.

• Aplicando:

• – La ley 23/2014, de 20 de noviembre, reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
• – Las normas de la Unión Europea
• – Los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte.
• – La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en defecto de disposiciones específicas.

Se aplicará a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes españolas o que se reciban por esas autoridades a partir del 11 de diciembre de 2014, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma. (DT Primera ley 23/2014, de 20 de noviembre).

Los instrumentos de reconocimiento mutuo son los siguientes (art. 2 L 23/2014, de 20 de noviembre):

• La orden europea de detención y entrega (Título II L 23/2014, de 20 de noviembre) (Véase: Orden europea de detención y entrega)

• Resoluciones por la que se impone una pena o medida privativa de libertad (Título III L 23/2014, de 20 de noviembre) (Véase: Penas privativas de libertad)

•Resoluciones de libertad vigilada (Título IV L 23/2014, de 20 de noviembre): (Véase: Libertad vigilada)

• Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional (Título V L 23/2014, de 20 de noviembre) (Véase: Libertad provisional)

• La orden europea de protección (Título VI L 23/2014, de 20 de noviembre) (Véase: Orden europea de protección)

• Resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (Título VII L 23/2014, de 20 de noviembre) Véase: Pieza de convicción)

• Resoluciones de decomiso (Título VIII L 23/2014, de 20 de noviembre) (Véase: Decomiso)

• Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias (Título IX L 23/2014, de 20 de noviembre). (Véase: Multa)

• Orden europea de investigación (Título X L 23/2014, de 20 de noviembre), que sustituye al anterior exhorto europeo de obtención de pruebas, incorporada al derecho español por L 3/2018, de reforma de la L 23/2014. (Véase: orden europea de investigación)

Cuadro de autoridades competentes en España para emitir y ejecutar instrumentos de reconocimiento mutuo en la UE

En la siguiente tabla se recogen las autoridades judiciales españolas competentes para emitir y transmitir una orden o resolución judicial de las enumeradas a otro Estado miembro, por un lado, y para reconocer y ejecutar las transmitidas por los Estados miembros de la UE a España, por otro.

Transmisión de instrumentos de reconocimiento mutuo

El procedimiento general de transmisión de instrumentos de reconocimiento mutuo por las autoridades judiciales españolas es el siguiente (arts. 7 a15 L 23/2014, de 20 de noviembre):

Emisión y documentación

La autoridad judicial española competente transmitirá a la autoridad competente del otro Estado miembro:

• El formulario o certificado obligatorio. (Anexos L 23/2014, de 20 de noviembre)

• – Firmado por la autoridad judicial competente para dictar la resolución que se documenta.
• – Traducido a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relación con ese Estado, su remisión en español.

• El testimonio de la resolución penal en la que se basa el certificado, salvo que se trate de una orden europea de detención y entrega, una orden europea de investigación o de una orden europea de protección, para las que sólo se remite el formulario.

• La especificación de:

• – Si el delito objeto de la resolución judicial se incardina en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de ejecución (art. 20 L 23/2014, de 20 de noviembre)
• – Si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de 3 años de privación de libertad.

Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecución su derecho a designar abogado en España para asistir al abogado en el Estado de ejecución, se garantizará el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los términos que legalmente proceda conforme al Derecho español. La petición deberá tramitarse por la autoridad judicial española con carácter inmediato y la designación de profesionales por el Colegio de Abogados tendrá carácter preferente y urgente.

Recursos

• Contra las resoluciones por las que se acuerde la transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo podrán interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jurídico español, que se tramitarán y resolverán exclusivamente por la autoridad judicial española competente conforme a la legislación española.

• No cabe recurso alguno contra la decisión de transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigación, sin perjuicio de su valoración posteriormente en el correspondiente procedimiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Reconocimiento de instrumentos de reconocimiento mutuo

El procedimiento general de reconocimiento de instrumentos de reconocimiento mutuo por las autoridades judiciales españolas es el siguiente (arts. 16 a21 L 23/2014, de 20 de noviembre):

• Las autoridades judiciales españolas competentes reconocerán en el plazo estipulado para cada caso, la orden o resolución cuya ejecución ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro, siempre que cumpla los trámites y requisitos legalmente establecidos.

• Control de la doble tipificación y excepciones.

• – El reconocimiento y ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo podrá supeditarse al cumplimiento del requisito de la doble tipificación, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Ley.
  • ○ No obstante, cuando la orden o resolución se haya impuesto por una infracción penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podrá denegarse la ejecución de la resolución si el fundamento fuere que la legislación española no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulación en materia tributaria, aduanera y de control de cambios que la legislación del Estado de emisión.
  • ○ Para las órdenes europeas de protección se exigirá siempre el control de la doble tipificación.
• – Excepciones: no estará sujeta al control de la doble tipificación por el Juez o Tribunal español, si se cumplen las condiciones legalmente exigidas para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo y se refiere a alguno de los delitos enumerados en el art. 20 de la L 23/2014, de 20 de noviembre:

Ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo

El procedimiento general de ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo por las autoridades judiciales españolas es el siguiente (arts. 21 a28 L 23/2014, de 20 de noviembre):

La ejecución

• Se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial española.

• No obstante, la autoridad judicial española competente observará las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisión siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

Notificaciones

• Se notificarán al afectado que tenga su domicilio o residencia en España y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificación frustrara la finalidad perseguida, las órdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecución se haya solicitado.

• Esto supondrá el reconocimiento del derecho a intervenir en el proceso, si lo tuviese por conveniente, personándose con abogado y procurador.

• La autoridad judicial española informará a la autoridad judicial competente del Estado de emisión y al Ministerio Fiscal, sin dilación, de la resolución de reconocimiento o denegación de la orden o resolución transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecución, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho español.

Audiencia del investigado a lo largo del procedimiento

Podrá llevarse a cabo a través de la aplicación de los instrumentos de Derecho internacional o de la Unión Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante teléfono o videoconferencia.

Recursos

• Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo:

• – Se podrán interponer los recursos que procedan conforme a las reglas generales previstas en laLey de Enjuiciamiento Criminal.
• – Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resolución sólo podrán ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisión.
• – La interposición del recurso podrá suspender la ejecución de la orden o resolución cuando ésta pudiera crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de imposible o difícil reparación, adoptándose en todo caso las medidas cautelares que permitan asegurar la eficacia de la resolución.

• Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabrá recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisión y de su valoración posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisión.

Denegación del reconocimiento o de la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo

Se rige por las siguientes reglas (arts. 29 a33 L 23/2014, de 20 de noviembre):

• Únicamente podrá denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando concurra alguno de los motivos tasados previstos para cada uno de ellos.

• Además, se denegará, con carácter general, cuando:

• – Se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in idem en los términos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que España sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
• – La orden o resolución se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades españolas y, de haberse dictado la condena por un órgano jurisdiccional español, la sanción impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho español.
• – El formulario o el certificado que ha de acompañar a la solicitud de adopción de las medidas esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 L 23/2014, de 20 de noviembre. Este motivo no serán de aplicación en relación con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
• – Exista una inmunidad que impida la ejecución de la resolución.
• – La resolución se haya impuesto por una infracción distinta de las reguladas en el artículo 20.1 L 23/2014, de 20 de noviembre, que no se encuentre tipificada en el Derecho español, o en el art. 20.2 L 23/2014, de 20 de noviembre, cuando tampoco esté tipificada en España y se trate de una resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias.
• – La resolución se refiera a hechos que el Derecho español considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio español. Este motivo no será de aplicación en relación con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
• – El investigado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la misma conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal del Estado de emisión, alguna de las circunstancias siguientes:
  • ○ Que, con la suficiente antelación, el imputado fue citado en persona e informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o recibió dicha información oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento y que, además, fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia.
  • ○ Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado designó abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por éste en el juicio celebrado.
  • ○ Que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendría derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el investigado declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.

  Este motivo no será de aplicación a:

  • ○ Las resoluciones que soliciten la realización de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas.
  • ○ La orden europea de investigación.
  • ○ Las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisión provisional.