Delitos de violación de secretos por autoridad o funcionario

¿Dónde se regulan y qué protegen?

Se regulan en el Título XIX del Libro II del Código Penal que lleva por rúbrica "Delitos contra la Administración pública", en su capítulo IV, que lleva por nombre "Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos". Engloban aquellas conductas punibles cometidas por autoridades o funcionarios públicos, a sabiendas, y con ocasión del ejercicio de sus cargos, consistentes en:

• • Revelación de secretos oficiales o de particulares por autoridad o funcionario (art. 417 CP)
• • Aprovechamiento por particular del secreto obtenido de autoridad o funcionario (art. 418 CP)

(Véase: delitos contra la Administración Pública)

El Tribunal Supremo destaca como bienes a proteger la dignidad de la función pública, o los deberes de lealtad y fidelidad para con ella, junto con el correcto funcionamiento de la Administración Pública y el mantenimiento de su prestigio de neutralidad incluso el patrimonio público.

El elemento común de estos delitos será "el secreto", y "la información privilegiada", debiendo entenderse por secreto, algo conocido por pocas personas, que no debe ser revelado en aras del interés público o privado. Bajo el término información privilegiada, se entiende toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada. El elemento subjetivo del delito también será común a estas figuras entendiéndose por tal el conocimiento del carácter secreto de los hechos que revela por parte del sujeto activo, y que este conocimiento venga dado por razón de su cargo.

La jurisprudencia se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el criterio para distinguir estas infracciones penales de las administrativas, atendiendo a la mayor o menor relevancia de la información revelada. Ello unido al "principio de mínima intervención del Derecho Penal o ultima ratio", resolverá la distinción del ilícito penal en relación con el ilícito administrativo de hecho concreto enjuiciado (Sentencia del Tribunal Supremo 1249/2003, de 30 de septiembre).

¿En qué consiste el delito de revelación de secretos oficiales o particulares por autoridad o funcionario?

La acción típica del delito recogido en el art. 417 CP consiste en revelar los secretos o informaciones que no deban ser divulgados y de las que tenga conocimiento el funcionario o autoridad por razón de su oficio o cargo. Por revelar ha de entenderse tanto confiar a otro el contenido del secreto o información como difundirlo o publicarlo. En caso de un secreto particular, es la voluntad del particular la que, en determinadas circunstancias, determina que un hecho relativo a su voluntad no deba ser conocido o revelado.

Sujeto activo, solo puede ser el funcionario público o autoridad que, por razón de su cargo, conozca secretos o cualquier información que no deba ser divulgada. Con ello quiere decirse que si una autoridad o funcionario público revelara ciertos secretos de los que no ha tenido conocimiento por razón del cargo, no sería sujeto activo de este delito.

A efectos penales, el concepto normativo de autoridad o funcionario público viene definido en el artículo 24 CP, reputándose:

• • Autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, y en todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros de:
  • - Congreso de los Diputados.
  • - Senado.
  • - Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • - Parlamento Europeo.

  También los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea.

• • Funcionario público será todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Resultan de aplicación aquí los principios que rigen en materia de codelincuencia en los delitos especiales propios:

• • Sólo puede ser coautor en sentido estricto o autor mediato (artículo 28 CP, primer párrafo) de estos delitos una autoridad o funcionario competente, si bien el mismo podrá utilizar como instrumento a un sujeto no cualificado particular o autoridad o funcionario no competente.
• • Caben, en cambio, todas las formas de participación por parte de no cualificados, que pueden inducir [artículo 28 CP, segundo párrafo a)] y cooperar, necesariamente [artículo 28 CP, segundo párrafo b)] o no (complicidad del artículo 29 CP), a la ejecución del hecho de la autoridad o funcionario.

Pena:

• • La pena base es la de multa de 12 a 28 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.
• • Si se produjera un grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años.
• • Si los secretos pertenecen a un particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

¿En qué consiste el delito de aprovechamiento por particular de secreto obtenido de autoridad o funcionario?

La acción típica prevista en el art. 418 CP se circunscribe al aprovechamiento por parte de un particular de un secreto o de una información privilegiada, lo cual no implica la revelación del secreto o la información, sino un uso de ella llevando a cabo alguna o algunas acciones de las que redundará un beneficio económico. Entre el obrar del sujeto y el beneficio económico obtenido debe existir una relación de manera que éste pueda ser imputada a aquél. (Sentencia del Tribunal Supremo 1194/2004, de 7 de diciembre).

El secreto o la información privilegiada de la que se aprovecha el particular ha de ser obtenida por él de un funcionario público o autoridad, por lo que quedarán fuera del ámbito típico aquellos supuestos en los que la información procede de un tercero, salvo que el particular utilizase a dicho tercero para obtener la información del funcionario público.

Pena:

Es la de multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 1 a 3 años.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de 6 a 10 años.