Agricultura

¿Cuál es la regulación histórica de la agricultura?

La aparición de la agricultura marcó el final del Paleolítico y el principio del Neolítico y con ella, surgieron las primeras sociedades avanzadas.

La agricultura ha sido históricamente una de las bases del derecho positivo de las sociedades humanas, encontrando ejemplos de regulación de esta actividad en el Código de Hammurabi, en las leyes de Solón o en el derecho romano, entre otras expresiones.

Hasta finales del siglo XIX el derecho se ocupaba, principalmente, del régimen de propiedad y de las relaciones jurídicas agrarias, pero a partir de entonces, el derecho público inició su intervención para velar por el interés general y la justicia social en este ámbito.

Actualmente, la agricultura es una actividad profusamente regulada por el derecho positivo, tanto público como privado, que abarca cuestiones tales como la propiedad y las explotaciones agrarias, los bienes, el trabajo, las actividades agrarias, los seguros agrarios, las relaciones contractuales, la sanidad vegetal, o la conservación racional de los recursos naturales.

El sector de la agricultura, y la legislación que lo regula, se enfrenta actualmente a varios desafíos simultáneos, tales como el aumento de la demanda de alimentos, la falta de rentabilidad de las explotaciones, la despoblación de las zonas rurales o el cambio climático que provoca grandes sequías y, a la vez, lluvias torrenciales que comprometen la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria.

¿Cuál es la regulación de la agricultura en la Constitución?

En primer lugar, el artículo 130.1 CE establece que "Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles".

Por su parte, el artículo 130.2 CE realiza una mención especial de las zonas de montaña, que inspiró a la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña, que otorgó un tratamiento especial a la agricultura de estas áreas desfavorecidas, de forma análoga a lo dispuesto en países de nuestro entorno.

También dentro del Título VII, el artículo 129 CE alude a la necesidad de promocionar las formas de participación en los beneficios de las empresas, fomentando la constitución de sociedades cooperativas y estableciendo los medios que faciliten a los trabajadores el acceso a los medios de producción, lo que conlleva necesariamente la potenciación del cooperativismo agrario y la posibilidad de que los agricultores puedan convertirse en propietarios de los terrenos que cultivan.

Con base en el artículo 38 CE, que reconoce el derecho a la libertad de empresa, puede afirmase la existencia de una libertad de empresa agraria, ya que la actividad agrícola es hoy, ante todo, una actividad empresarial íntimamente relacionada con el derecho a la propiedad privada.

Finalmente, la agricultura debe ser respetuosa con los recursos naturales y el medio ambiente de conformidad con el artículo 45 CE. Tanto es así, que el futuro de la agricultura en España y en Europa pasa por el influjo creciente de las preocupaciones ambientales lo cual implica, naturalmente, mayores limitaciones para los agricultores pero también una mayor calidad del producto agrícola de este ámbito geográfico.

En relación con el reparto competencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.7ª CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en agricultura, siempre de acuerdo con la ordenación general de la economía, que compete al estado.

Todas las Comunidades Autónomas han asumido esta competencia en sus Estatutos de Autonomíay han dictado numerosas normas sobre materia, todo ello, como se ha señalado, sin perjuicio de la intervención estatal en la misma que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (Sentencias 95/1986, de 10 de julio, y 186/1988, de 17 de octubre, entre otras).

Como ejemplo de medidas generales de ordenación y regulación del mercado agropecuario nacional cabe citar las que definen la política general de precios y abastecimientos, establecen un programa nacional de ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas o dictan el marco normativo sobre mejora de las estructuras agrarias (Sentencia del Tribunal Constitucional 128/1999, de 1 de julio).

Este sistema de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas también alcanza a las medidas de fomento otorgadas en el seno de la Política Agraria Común (Véase "Política Agraria Común (PAC)").

Finalmente, entre las leyes estatales de mayor relevancia sobre la materia, se puede citar, en primer lugar, la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. Esta ley se promulgó con motivo del ingreso de España en la Comunidad Europea y tenía como objetivo modernizar la actividad agraria a fin de poder competir en un nuevo mercado mucho más abierto. Según la ley, siendo la insuficiente dimensión de muchas explotaciones uno de los problemas que condicionaban su viabilidad futura, se recogen medidas para dinamizar los mercados de la tierra para permitir un más fácil acceso a la propiedad y al arrendamiento.

En segundo lugar, a nivel estatal también se puede destacar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, que tiene como objetivo facilitar una relación de complementariedad entre el medio urbano y el rural y un desarrollo sostenible de éste mediante la adoptación de medidas multisectoriales. Tal y como señala la exposición de motivos de la ley, el desarrollo que ha habido España en las últimas décadas se ha concentrado en el medio urbano, lo que ha provocado un atraso económico y social en el medio rural, el cual se intenta paliar mediante la promoción de múltiples medidas.

¿Cuál es la regulación de la Unión Europea?

La Unión Europea es uno de los más importantes productores y exportadores de productos agrícolas del mundo y, en consonancia con ello, condiciona con su legislación la agricultura y el mercado de alimentos a nivel mundial en aspectos tales como las normas de comercialización, los sistemas de calidad y certificación y las normas de higiene. Mas del 77% del territorio de Unión Europea se considera zona rural, un 47% de tierras agrícolas y un 30% de tierras forestales.

La Unión Europea presta una especial atención a la calidad de los alimentos y ha dictado innumerables normas sobre etiquetado, comercialización, protección de indicaciones geográficas, información nutricional, distintos de calidad, etc.

La política común en agricultura ya se recogía en el Tratado de Roma de 1958 como uno de los objetivos de la CEE. Actualmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competencia en agricultura será compartida entre la Unión y los Estados miembro.

El mismo Tratado establece (artículo 38) que la Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y que el mercado interior abarcará la agricultura y el comercio de los productos agrícolas, entendiéndose por estos los de la tierra (también los de la ganadería y de la pesca) así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquélla.

Los objetivos de la política agrícola común son los siguientes (artículo 39.1):

• a) Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra.
• b) Garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura.
• c) Estabilizar los mercados.
• d) Garantizar la seguridad de los abastecimientos.
• e) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

La política agraria común es una de las políticas más importantes de la Unión Europea y es a través de la cual se otorgan subvenciones a los agricultores y ganaderos de la Unión. Desde 1962 la política agraria común ha venido sufriendo múltiples modificaciones en su regulación siendo la última reforma relevante la de 2013 (ver: "Política Agraria Común").

Por otro lado, debe destacarse que las políticas de la Unión Europea y, en particular, la política agraria común, se orientan cada vez más a prevenir la degradación del medio ambiente, contribuyendo, por una parte, a que los agricultores sigan desempeñando un papel positivo en el mantenimiento de los espacios naturales y el medio ambiente a través de medidas específicas de desarrollo rural y, por otra, a la rentabilidad de las actividades agrarias en las distintas regiones de la Unión Europea (véase la voz "Desarrollo sostenible").