Industria

¿Cómo se regula?

La industria de un país es vital para su desarrollo y sus perspectivas económicos, motivo por el cual ha sido objeto de interés por la administración y el derecho administrativo, que han venido impulsando y controla ndo su desarrollo. Sobre la industria también ha intervenido el derecho administrativo con el fin de proteger el medio ambiente, la salud pública o los derechos de los consumidores y usuarios.

El artículo 149.1.9.ª de la Constitución española establece que el Estado tiene competencia propia sobre legislación industrial. La Constitución no incluye otras menciones a este sector económico al que, sin embargo, si le afectan otros muchos. Así, por ejemplo, cabe citar el artículo 38 CE, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, obligando a los poderes públicos a garantizar y proteger el ejercicio de dicha actividad. En relación con lo anterior, el artículo 40 CE establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Finalmente, el artículo 45.2 CE ordena que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el título competencial de industria incluye las actividades destinadas a la ordenación de sectores industriales como la regulación de los procesos industriales o de fabricación.

En el ejercicio de sus competencias, el Estado promulgó la aún vigente Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria (en adelante, LI) con el objetivo de establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector industrial. Asimismo, también resulta relevante la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

¿Qué es la reconversión industrial?

La mala situación de determinados sectores industriales puede afectar al desarrollo económico de un país y, como consecuencia de ello, en el ejercicio de las competencias sobre economía, el estado puede verse obligado a intervenir y a adoptar medidas de reconversión que afecten de manera estructural, global y en conjunto a un concreto sector industrial. Las medidas pueden ser fiscales, financieras y laborales.

A este respecto, debemos recordar que el artículo 38 de la Constitución a la vez que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, también hace referencia a la planificación para garantizar y proteger su ejercicio y el artículo 130.1 CE también establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos.

En España estas medidas de reconversión se adoptaron durante toda la década de los ochenta con la promulgación de, entre otros, el Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, la Ley 21/1982, de 9 de junio, el Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, y la Ley 27/1984, de 26 de julio sobre reconversión y reindustrialización.

Este proceso supuso la desaparición de parte de la industria que se había ido construyendo después de la Guerra Civil española con base en el Instituto Nacional de Industria (INI), intentando enfocar la producción en otras áreas industriales con mayores perspectivas de futuro, todo lo cual, conllevó una gran conflictividad laboral y social en las zonas afectadas.

¿Cuál es la regulación de la Ley de Industria?

La LI vino a ordenar la regulación sobre la materia, a actualizarla una vez promulgada la Constitución de 1978 y a adaptarla como consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, cuyo ordenamiento jurídico garantiza la libre competencia y la libre circulación de bienes, mercancías y servicios.

La LI define un marco general, que resulta de aplicación en defecto de lo previsto en la legislación específica de cada uno de los sectores de actividad industrial. La norma reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de actividades industriales, sin perjuicio de la obligación de contar con las autorizaciones administrativas que afectan al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, medio ambientales o de seguridad.

La Ley también establece que la Administración adoptará programas para fomentar el desarrollo de la actividad industrial y mejorar el nivel tecnológico de la industria, siempre de los márgenes que marque el derecho comunitario. En ello se tendrá en cuenta la necesidad de promover el desarrollo armónico del país y fomentar la cohesión económica y social.

Por otro lado, la LI presta especial atención a la seguridad industrial con el fin de prevenir y limitar los riesgos, y proteger contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente. Esta regulación es completada con numerosa normativa técnica que establece las condiciones técnicas y de seguridad en las que deben desarrollarse todas las actividades industriales.

Finalmente, la LI regula los Organismos de Control, que son entidades que verifican las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en ellos Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales. Por su parte, las Entidades de Acreditación son instituciones sin ánimo de lucro que se constituyen con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los Organismos de Control. Por último, la LI también establece como una de sus finalidades la consecución de la calidad para lo cual cita diversos agentes como los organismos de normalización, nuevamente a las Entidades de Acreditación, las entidades de certificación, los laboratorios de ensayo, las entidades auditoras o los laboratorios de calibración industrial.

¿Qué es el Registro Integrado Industrial?

Se trata de un Registro constituido en virtud del artículo 21 de la LI y desarrollado por el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial. El objetivo de este registro es integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las Administraciones Públicas en materia industrial, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un régimen de comunicación o de declaración responsable.

La Ley establece que no será necesaria respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad. Este registro es de ámbito estatal y se creó sin perjuicio de las Comunidades Autónomas para establecer Registros Industriales en sus respectivos territorios.

¿Qué es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)?

El artículo 8.11 LI define la actividad de acreditación como aquella consistente en el reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración industrial. A su vez, el artículo 17 LI dispone que las entidades de acreditación que operen en el ámbito de la seguridad desarrollando dicha actividad son instituciones, sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los organismos de control.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es, jurídicamente, una asociación que se constituye con la finalidad de acreditar, en el ámbito territorial del Estado español y a través de un sistema conforme a normas nacionales e internacionales, la competencia técnica de las entidades u organismos que realizan actividades de "Evaluación de la Conformidad", que comprende las actividades de inspección, certificación, verificación, ensayos y calibración, lo que resulta de esencial para el sector industrial.

La organización y procedimientos de actuación de ENAC se ajustan en todo momento a los criterios y normas que emanen de la Unión Europea en materia de acreditación, a las normas de la serie UNE EN ISO/IEC 17000 que le sean de aplicación. Mediante Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, se designa a ENAC como el organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n^o 765/2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de productos.