¿Dónde se regula?
El capítulo II del Título III de la Constitución Española regula en su artículo 82 que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81.
Por tanto, como se observa, en este tipo de leyes intervienen necesariamente las Cortes Generales y el Gobierno de lo que se derivan dos importantes consecuencias: la primera que un precepto determinado y concreto que si emanara directamente de las Cortes no sería inconstitucional, salvo que se opusiera materialmente a la Constitución, puede serlo si procede del Gobierno a través de un Decreto legislativo por haber ejercitado aquél de modo irregular la delegación legislativa; y la segunda que el Tribunal Constitucional, cuando se somete a su control de constitucionalidad a través de la cuestión de inconstitucionalidad, un determinado Decreto legislativo debe conocer del mismo en razón de la competencia que le atribuyen los artículos 163 de la Constitución Española y 27.2.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ha de resolver en base a criterios estrictamente jurídico-constitucionales cimentados en la necesidad de determinar, de una parte, si se han respetado los requisitos formales para el ejercicio de la potestad legislativa por vía delegada, y de otra, si el precepto o preceptos cuya constitucionalidad se cuestione es, por razón de su contenido, contrario a la Constitución.
¿Cómo se lleva a cabo la delegación?
La delegación legislativa deberá otorgarse por las Cortes Generales mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
De estas dos posibilidades, únicamente la primera supone una auténtica innovación del ordenamiento jurídico, ya que el texto refundido no implica una labor creadora pues su fuerza vinculante deriva de los textos objeto de la refundición, viniendo a suponer una sustitución y derogación de las disposiciones en ellos refundidas.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
Asimismo, la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único (es decir, sin facultades para innovar) o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
El objetivo de los textos refundidos es mejorar la redacción y la sistemática de las normas jurídicas pero sin vulnerar el espíritu de las normas a refundir.
¿Qué clases de textos refundidos existen?
Existen dos tipos de Textos Refundidos, por un lado, los que el Gobierno realiza una función de refundición y, por el otro, los que el Gobierno autoriza para una labor técnica (aclarando y armonizando los textos legales).
Como declaraba García de Enterría lo normal será que la delegación se formule en una ley de reforma parcial de una materia, con objeto de que tal reforma se inserte sistemáticamente en un cuerpo legal cuya unidad interesa mantener por razones de seguridad jurídica.
Por último, cuando una proposición de ley o enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación.
Los textos refundidos aclaran el Derecho vigente relativo a una materia en concreto por lo que se debe dejar a este tipo de textos una mayor libertad si bien el Gobierno al no poder innovar la propia legislación objeto de refundición ya delimita por sí mismo ciertas fronteras pues la modificación o derogación por el texto refundido generaría la invalidez de éste en la parte que a ellas fuese contrario.
El texto resultante se publica en forma de Decreto y una vez que entra en vigor, dejan de tener aplicación las normas refundidas.
Recuerde que...
- • La delegación legislativa deberá otorgarse por las Cortes Generales mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- • Únicamente la delegación legislativa otorgada por la Cortes Generales mediante una ley de bases para la formación de textos legislativos supone una auténtica innovación del ordenamiento jurídico.
- • Existen dos tipos de Textos Refundidos, por un lado, los que el Gobierno realiza una función de refundición y, por el otro, los que el Gobierno autoriza para una labor técnica (aclarando y armonizando los textos legales).
- • Los textos refundidos aclaran el Derecho vigente relativo a una materia en concreto por lo que se debe dejar a este tipo de textos una mayor libertad.