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Resultados 'régimen de participación'
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Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos por autoridad o funcionario
La exigencia de la finalidad perseguida con el abandono es la que distingue la sanción penal de la administrativa, de tal forma, que de no acreditarse tal finalidad, estaríamos ante una falta muy grave de las contempladas en el artículo 6 c) RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

Es un delito especial propio, el sujeto activo será la autoridad o funcionario público, y pluripersonal, requiere la participación de varias personas, de tal forma que el abandono sea generalizado y mayoritario.
422
Derecho de propiedad
Otros preceptos de la Constitución desarrollan el derecho de la propiedad en su sentido social, así el artículo 128 CE en cuanto subordina la riqueza nacional al interés general, el artículo 40 CE referido a la distribución equitativa de las rentas personales, el artículo 31 CE en cuanto a la progresividad de los impuestos, o el artículo 47 CE en cuanto a la participación de la Comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística pública.

- Los límites constituyen el régimen normal de restricciones a que está sometido el poder del propietario.
423
Elementos comunes (propiedad horizontal)
El uso y disfrute de los elementos comunes es el derecho fundamental de todo propietario de apartamento en edificio en régimen de propiedad horizontal.

La unanimidad es necesaria por cuanto el acuerdo supone una alteración del Título Constitutivo, al resultar un elemento privativo más, además de una alteración en la cuota de participación de todos los condóminos.
424
Votación (Derecho Electoral)
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), el voto por personación del elector ante la Mesa Electoral es la forma normal u ordinaria de ejercicio del derecho de voto en las elecciones políticas (y en los referéndum): el elector acude a votar personalmente el día de la elección a la Mesa Electoral, en cuya lista del censo electoral figura inscrito.

El reconocimiento de estas dos últimas vías pretende asegurar la universalidad de la participación, a pesar de las dificultades que su organización plantea.
425
Contratos de otros entes del sector público
¿Cuál es el régimen jurídico de este tipo de contratos?La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se encarga de regular en su Libro III los contratos celebrados por entes del sector público distintos de las Administraciones Públicas.
426
Fianza en el proceso penal
A pesar de la mención de los distintos tipos de fianza a lo largo de la LECrim, existe un régimen general contenido en los artículos 589 a 614 LECrim.

Para que pueda adoptarse es preciso que se cumplan las exigencias del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, la existencia de indicios racionales de participación del investigado en los hechos delictivos y que la pena a imponer por dicho delito, considerada en abstracto, sea superior a los dos años de prisión.
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Delitos relativos a los consumidores
Además promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca y, finalmente, obliga a que el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales se regule por la Ley en el marco de lo dispuesto a favor de la protección de información del consumidor.

La LO 14/2022, de 22 de diciembre, transpone la Directiva (UE) 2019/1 e incorpora el art. 288 bis CP para incluir en su apartado 3 la exención de la responsabilidad criminal para los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en formación que, habiendo detraido de mercado productos de primera necesidad, pongan fin a su participación en los mismos y acudan a programas de clemencia.
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Expediente de dominio
... si bien sí que se admite que el expediente de dominio tanto en su función inmatriculadora como reanudadora del tracto vaya referido a cuotas o participaciones indivisas de fincas (Resolución de 20 de junio de 1999 y de 21 de junio de 1991).

e) No podrá tramitarse el expediente para la rectificación descriptiva de edificaciones, fincas o elementos integrantes de cualquier edificio en régimen de división horizontal o fincas resultantes de expediente administrativo de reorganización de la propiedad, expropiación o deslinde.
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Bienes embargables e inembargables
También se incluyen en este apartado los elementos comunes de un edificio en régimen de propiedad horizontal y los derechos de tanteo y retracto legales, si bien se encuentra excluido de esta categoría el retracto convencional pues el mismo si que es susceptible de transmisión independiente y por lo tanto de embargo.

El artículo 630.1 LEC prevé que pueda " ... constituirse una administración judicial cuando se embargue alguna empresa o grupo de empresas o cuando se embargaren acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación".
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Contratas y subcontratas de obras o servicios
La forma más común de realizar la actividad descentralizadora, actividad que se caracteriza por el hecho de externalizar determinadas parcelas de su ciclo productivo a otras empresas auxiliares, y que últimamente ha dejado de ser un modelo de producción de determinados sectores para convertirse en una estrategia empresarial que se identifica, como antes se ha dicho, con el vocablo anglosajón de outsourcing, que se ha definido como la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que anteriormente se realizaba por una compañía (véase: Outsourcing), es la contrata a que se refiere el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, precepto que impone al empresario principal unas obligaciones respecto a personas con las que no ha contratado, estableciendo un régimen de excepción al mandato del artículo 1257 del Código Civil, que limita a las partes la eficacia de los contratos.

En estos casos, el Tribunal Supremo ha reconocido la responsabilidad de la entidad subcontratada cuando ha contribuido con su acción de omisión de diligencia, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.902 del Código Civil, como dijeron las sentencias de 23 de noviembre de 1985, 14 de noviembre de 1988 y 30 de enero de 1996, y aplicándose el criterio de la solidaridad en la responsabilidad cuando no sea posible determinar de forma individualizada la cuota participación de cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo en la producción del resultado dañoso.
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